La oposición mexicana acusa a Fox de recibir una donación ilegal

La oposición mexicana acusó en el Congreso y ante los tribunales al presidente, Vicente Fox, de la recepción de cerca de 200.000 dólares de procedencia ilegal durante la campaña electoral de 2000. El ataque se produce días después de que Fox impidiera una huelga de trasfondo político, doblegando al sindicato de Petróleos Mexicanos (PEMEX), afecto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó 71 años.

Dos dirigentes del sindicato, diputados del PRI, afrontan un proceso por corrupción. El toma y daca de los partidos retrasa, de nuevo, la negociación de las reformas del Estado requeridas por la transición.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), la principal fuerza de la izquierda, y tercera en el Congreso, presentó el jueves una denuncia penal ante el Tribunal de Delitos Electorales, dependiente de la Fiscalía General, contra el presidente y contra la agrupación privada Amigos de Fox, por supuesta vulneración de la Carta Magna, que prohíbe el empleo de fondos procedentes del extranjero en las campañas políticas. El PRD aprovecha el pugilato entre el Gobierno y su partido, el conservador Acción Nacional (PAN), y el PRI, sobre una cuestión que frena acuerdos parlamentarios sobre cambios estructurales en México.

Una red de empresas y sociedades mercantiles y de mexicanos con nacionalidad estadounidense, según la denuncia del PRI, transfirió cerca de 200.000 dólares desde instituciones bancarias en el extranjero a cuentas en México, cuyos titulares pertenecían a la agrupación Amigos de Fox o a personas asociadas con la tesorería de la campaña del candidato que derrotó al PRI en julio de 2000. 'No hay elementos de comparación entre un caso y otro', entre dinero público y privado, declaró el presidente a Televisa.

La Fiscalía General imputa a ocho dirigentes del sindicato de la estatal PEMEX, un nido de corrupción durante decenios, la fraudulenta canalización hacia el candidato príista, Francisco Labastida, en las presidenciales de hace dos años, de aproximadamente 123 millones de dólares. Las fuentes oficiales consultadas sospechan que la mitad 'se quedó en los bolsillos de los intermediarios'. Coincidiendo con la persecución de la fiscalía, que pidió el desafuero como diputados del secretario general y del tesorero del sindicato, Carlos Romero y Ricardo Aldana, la petrolera convocó una huelga en exigencia de un aumento salarial del 15%.

La meta, según Fox, era 'chantajearnos': huelga o impunidad. El presidente se jugaba la credibilidad de sus compromisos contra la corrupción y no cedió, según reiteraron sus colaboradores. La huelga habría paralizado el país en pocos días y quedó descartada al acordarse, tras intensas negociaciones políticas, un aumento salarial del 5,5% y un incremento de los beneficios sociales del 1,8%. La justicia, según el compromiso alcanzado, seguiría su curso contra los sindicalistas aforados.

Las investigaciones sobre el Pemexgate y los Amigos de Fox pueden envenenar el desarrollo de las trascendentales legislativas del año próximo.