La Seguridad Social de Francia eleva su déficit por el gasto sanitario

La Seguridad Social francesa terminará este año con un déficit de 3.300 millones de euros, según el resultado de una auditoría difundida ayer, que refleja un agujero netamente mayor de los 2.400 millones de euros indicados en avances publicados hace menos de tres meses. Los tres ejercicios anteriores habían proporcionado otros tantos excedentes a la Seguridad Social francesa, pero el agujero se habría hecho repentinamente gigantesco por la subida del paro -que no cesa de crecer desde hace 16 meses- y, sobre todo, por el aumento de los gastos del seguro de enfermedad.

Estos últimos crecerán este año a la impresionante tasa del 7,2%, prácticamente el doble del objetivo votado por el Parlamento para el ejercicio en curso. Tales gastos, que de por sí tienden a crecer sistemáticamente, se ven incrementados por la revalorización de las tarifas de los médicos, que fue decidida por el actual Gobierno conservador para terminar con un largo proceso de huelgas de médicos, en vísperas de las últimas elecciones legislativas. Los autores del informe echan asimismo la culpa del déficit a la aplicación del régimen laboral de 35 horas semanales en los hospitales y centros de salud, originada por decisiones del anterior Gobierno de izquierda.

El agujero de la rama de enfermedad supera los 6.000 millones de euros. Hasta ahora se compensaba con los excedentes de las prestaciones familiares y sociales, pero 'la vuelta al equilibrio del régimen general supone, ante todo, resolver el problema del seguro de enfermedad', afirman los autores de la auditoría citada.

Para financiar el déficit, el Gobierno prevé incrementar el precio del tabaco en un 15%, bajo el criterio de que dos tercios del dinero recaudado con este aumento vaya a tapar el agujero del seguro de enfermedad.

También se atribuye al ministro de Sanidad, Jean-François Mattéi, el proyecto de excluir de la Seguridad Social alrededor del 18% de los medicamentos actualmente pagados con cargo a esos fondos, lo cual implica la posibilidad de que dejen de ser financiados unos 800 productos, en el contexto de un impulso fuerte a la utilización de genéricos.