El juzgado de Alcoy admite a trámite la demanda de los afectados por la legionela
Los afectados piden responsabilidades por un posible delito medioambiental
El titular del juzgado de primera instancia número dos de Alcoy ha admitido a trámite la demanda penal presentada por los afectados por los distintos brotes de legionela. Los afectados reclaman responsabilidades por posible delito medioambiental con resultado de lesiones por los brotes que afectaron a 150 personas, según las autoridades sanitarias, y más de 300, según los denunciantes, seis de los cuales fallecieron.
El juez instructor ha solicitado al Hospital Virgen de los Lirios los historiales clínicos de los afectados que fueron ingresados en ese centro por los distintos brotes. Además ha reclamado a la Consejería de Sanidad la documentación de todos los afectados y al Ayuntamiento de Alcoy, que aporte el censo y estado de las instalaciones susceptibles de incubar la bacteria, así como las actuaciones realizadas para prevenir la bacteria, a fin de establecer responsabilidades.
'No se acusa a nadie en la medida en que no sabemos las responsabilidades de dónde pueden venir. Será a la vista de la documentación que ha solicitado el juzgado cuando veamos a quién se puede imputar responsabilidad', matizó ayer José Luis Romero, abogado de los afectados. La demanda penal que ha llegado al despacho del titular del juzgado número 2 de Alcoy está acompañada de la 'escasa información' que los afectados han podido recabar acerca de los brotes. Romero agregó que el juez ha dictado una providencia de ofrecimiento de acciones, para que los afectados se personen en la causa. 'Hay dos planos de responsabilidad. Uno podría derivar en las empresas, aunque cabría la posibilidad de plantear responsabilidad por negligencia por el incumplimiento de las competencias relacionadas con el medio ambiente a las distintas administraciones' señaló el abogado.
Los afectados esperan que el fiscal actúe en este caso 'debido al numero de afectados y de fallecidos'. La fiscalía de Alicante ya abrió diligencias hace dos años, cuando la legionela cobró mayor virulencia, pero el caso fue archivado. La documentación que se reclama al Ayuntamiento es el censo de las empresas con torres de refrigeración y demás instalaciones de riesgo.
El concejal de Sanidad y Medio Ambiente de Alcoy, Julio Fonto, señaló que las empresas censadas habían colaborado en este segundo control al que obliga el decreto tras la reapertura de las industrias después de las vacaciones y que habían presentado sus certificados de desinfección a tiempo.
Por otra parte, la Consejería de Sanidad ha descartado que el caso de una vecina de Chiva hospitalizada con legionelosis en el hospital La Fe de Valencia sea consecuencia de un brote, a pesar de que otras dos personas están afectadas por neumonía, según informaba ayer un periódico local.
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