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LA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO

El Parlamento vasco se enfrenta a Garzón al negarse a disolver el grupo de Batasuna

Atutxa estudia denunciar al juez ante el Supremo por 'usurpación de atribuciones'

La Mesa del Parlamento vasco, dominada por los tres socios del Gobierno, PNV, EA e IU, decidió ayer no aplicar el auto del juez Baltasar Garzón que ordena suspender el grupo parlamentario de Batasuna. La Mesa declaró 'nula de pleno derecho' la resolución porque Garzón no tiene 'ni competencia ni capacidad' para ordenar la disolución de un grupo. La decisión abre una crisis institucional sin precedentes, pero según el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, 'no supone ni desacato, ni desobediencia'. Atutxa anunció que estudiará si denuncia al juez por 'usurpación de atribuciones'.

La Mesa, pese a la oposición de los representantes del PP y del PSE-PSOE, considera que el juez de la Audiencia Nacional carece manifiestamente de jurisdicción para ordenar la suspensión o disolución de un grupo parlamentario. La Mesa del Parlamento Navarro, el lunes, decidió suspender a Batasuna en virtud del auto de Garzón.

La decisión de la Mesa del Parlamento vasco, de la que no forma parte Batasuna, pasa por encima del propio informe de los servicios jurídicos de la Cámara, conocido el lunes. A pesar de ser muy crítico con los autos del juez Garzón, el informe acaba recordando que el artículo 118 de la Constitución obliga a cumplir las resoluciones judiciales y propone disolver Batasuna y que sus diputados pasen al grupo mixto.

Los servicios jurídicos califican el auto que ordena la suspensión del grupo de Batasuna de 'intromisión' en la capacidad organizativa de la Cámara. Y aclara que al no estar permitido el recurso, no hay posibilidad legal de parar la ejecución de la resolución.

Para los grupos de la oposición, el PSE y el PP, la decisión abre una crisis institucional de incalculables consecuencias. El secretario general del PSE, Patxi López, anunció que su partido va a recurrirla, y el portavoz del PP, Carmelo Barrio, acusó a los nacionalistas e IU de aumentar un grado más 'la desobediencia civil' para permitir el 'atrincheramiento de Batasuna en el Parlamento vasco'.

Después de más de dos horas y media de tenso debate en la reunión de la Mesa, el presidente del Parlamento leyó el escueto acuerdo del órgano de gobierno de la Cámara que permite a Batasuna seguir manteniendo la denominación de su grupo (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa Sozialista Abertzaleak), además del despacho y las subvenciones íntegras, tanto al grupo (159.024 euros anuales brutos) como al escaño (182.868 euros brutos al año a razón de 2.177 euros por escaño y mes).

La Mesa entiende que, conforme al artículo 238.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ('Los actos judiciales serán nulos de pleno derecho cuando se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional') el auto del Juzgado Central de Instrucción número cinco, de 6 de septiembre de 2002, 'en lo referido a este Parlamento constituye una resolución judicial nula de pleno derecho'.

En segundo lugar, la Mesa no encuentra ni en el reglamento de la Cámara ni en el informe jurídico base alguna en que apoyar su competencia y capacidad para declarar la suspensión de grupo parlamentario alguno. El acuerdo será remitido al juzgado de Garzón, junto al informe de los servicios jurídicos.

También va a remitir los dos autos de Garzón y el informe del Parlamento a los colegios de abogados, a las universidades y a los agentes judiciales, con el objetivo de que analicen y tomen parte en el debate 'para enriquecerlo'.

'Incompetencia'

Además, Atutxa anunció que va a estudiar si presenta una denuncia (ante el Tribunal Supremo) contra el juez Garzón por un presunto delito de 'usurpación de atribuciones' definido en el artículo 507 del Código Penal. Una denuncia que, en caso de ser admitida, aclararía la presunta 'incompetencia' del juez apreciada por la Mesa.

El secretario general de EA, Gorka Knörr, vicepresidente de la Cámara, fue más duro. Aseguró que el Parlamento no va a aplicar el auto 'bajo ningún concepto'. 'No estamos dispuestos a consentir que ni el Parlamento ni este país', explicó, 'actúen bajo los dictados a veces caprichosos de un juez como Garzón, cuyos autos son emitidos con precipitación escandalosa'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de septiembre de 2002