Los gestores del Segura consintieron los vertidos al río, según la juez
La magistrada les reprocha su pasividad ante la mortandad de peces en la desembocadura
El auto subraya el ineficaz funcionamiento de diversas depuradoras, donde de los peritos judiciales han detectado parámetros tóxicos que superan los límites legales establecidos, y se detiene en cada una de las anomalías e irregularidades en que incurrieron presuntamente los altos cargos de la Confederación.
El apartado del auto judicial dedicado a la gestión del actual presidente de la Confederación, Juan Cánovas, es amplio y prolijo. En él, la juez señala tres infracciones significativas: su pasividad ante los vertidos industriales que se estaban produciendo en el término de Redován, su indiferencia ante el brote de mortandad de peces acaecido hace un año en la desembocadura de Guardamar y la no incoación de un expediente sancionador a la Mancomunidad de la Margen Derecha del Segura, pese a que el jefe de Servicio de Calidad de Aguas formuló esta propuesta el 18 de enero de 2001, cuando comprobó que se estaban incumpliendo varios parámetros de contaminación.
Juan Cánovas, que se negó a declarar ante la juez cuando ésta le citó como imputado durante la instrucción de la causa, aseguró ayer que desconoce el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado viernes y que, por consiguiente, no puede valorarlo. Sí comentó que se siente 'desamparado'.
Además de los altos cargos de la CHS, la juez pretende sentar en el banquillo a los responsables del las empresas Congesa, Autobaterías, SA, Manuel Mateo Candel, Incovega, SL, Calzados y Plásticos Españoles, Cartonajes Vega Baja, Aufersa, Bernabé Díaz SL (Patatas Bedi), Ahumados Torá, Baden Tint y González García Hermanos.
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