Cuatro responsables de la gestión del río Segura, imputados por su contaminación

El grave estado de contaminación que sufre el Segura, uno de los ríos más degradados de Europa, ha desembocado en los tribunales. Una juez de Orihuela (Alicante) ha decretado la apertura de juicio oral por 'un delito continuado contra el medio ambiente' contra cuatro altos y dos ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), entre ellos su actual presidente, Juan Cánovas, y contra 12 empresas de la comarca de la Vega Baja, por los vertidos tóxicos en el río. La juez destaca además sistemáticas vulneraciones a las directivas comunitarias.

Además de Cánovas, se sentarán en el banquillo su antecesor en el cargo, Antonio Nieto, el actual comisario de aguas, José Alemán, y el ex comisario, Luis Pérez Seiquer. Todos ellos podrían ser declarados responsables de la degradación medioambiental que padece el río a su paso por la comarca alicantina de la Vega Baja. Así lo estima la magistrada Francesca Martínez, titular del juzgado número 6 de Orihuela, que ha instruido de oficio el sumario por la contaminación del río. La juez imputa a cuatro de los seis dirigentes que autorizaron expedientes de vertidos y omitieron su labor de 'control e inspección de los mismos'.

Los otros dos responsables, el ex presidente Juan José Cánovas y el ex comisario de aguas Francisco Cabezas, han sido exculpados por la juez, ya que sus presuntas irregularidades administrativas se produjeron, según consta en el auto, en un periodo muy corto de vigencia del actual código penal. La magistrada tampoco ve indicios de culpabilidad en la actuación de los diferentes ayuntamientos que han consentido y realizado vertidos tóxicos a cauce público, porque todos disponían de la preceptiva autorización de la CHS.

Esta institución otorgó 'con carácter provisional' 26 licencias de vertidos a distintos consistorios y administraciones de la Vega Baja. Sin embargo, 'las autorizaciones se perpetuaron en el tiempo, sin control ni seguimiento alguno respecto a los componentes cualitativos del vertido', según el auto.

Para la juez, resulta evidente que la única finalidad que perseguía la Confederación al proceder de este modo era asegurarse 'el cobro del canon' de vertidos, lo que se ratifica por el hecho de que las licencias no fueran 'acompañadas de analítica alguna ni del refrendo del laboratorio'.

A estas dejaciones se suman, según el auto judicial, las continuas y sistemáticas vulneraciones de las directivas comunitarias de protección de las aguas.

El 25 de noviembre de 1998 el Tribunal de de Luxemburgo dictó una sentencia contra España por incumplir las obligaciones que marca la normativa europea para reducir las sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático. El Gobierno español alegó que la adopción de programas de calidad para corregir ese error correspondían al organismo de cuenca. 'La CHS', dice ahora la juez, 'no ha adoptado dichos programas específicos'.

El auto de la magistrada resulta clarificador. En 80 páginas, desentraña los problemas más dramáticos que acechan a la cuenca del río Segura. La juez inicia su exposición con un dato crítico: 'Se ha de partir de establecer como una evidencia (...) la contaminación que sufre el río Segura en la Vega Baja'. Y añade que el Segura 'geográficamente hablando, no existe como tal río'.

El auto detalla por otra parte las investigaciones llevadas a cabo por el juzgado y se aportan las conclusiones de los análisis e informes del Seprona, de varios biólogos y de distintas universidades, que sirven para confirmar la presencia de sustancias altamente tóxicas en casi todos los puntos del río que se sometieron a estudio, así como la existencia de conductividades (salinidad del agua) que 'pueden tener repercusiones sobre la productividad de los campos regados con este agua'.