El Gobierno adjudicó sin concurso el 55% de sus contratos en 2000

Más de la mitad de los contratos de mayor cuantía del Gobierno vasco correspondientes al ejercicio de 2000 (en concreto, el 55%) se adjudicaron sin concurso y por el procedimiento de urgencia, según el último informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El Ejecutivo usó este mecanismo de contratación en expedientes que suman 137,4 millones de euros, mientras que la tramitación ordinaria se realizó en contratas por 112,5 millones. El informe señala además que el Ejecutivo tiene pendientes de cobro hasta 2000 más de 137 millones de euros, de los que casi 26 corresponden a multas de tráfico.

El estudio del órgano fiscalizador evidencia que la contratación pública en las diferentes administraciones de Euskadi sigue sin adecuarse plenamente a la legalidad. Diputaciones, ayuntamientos y sociedades públicas, aunque en menor medida cada año, transgreden la normativa, según destacan los sucesivos informes del Tribunal Cuentas. La última auditoría elaborada, referida a la máxima institución, el Gobierno, confirma esta tendencia: un total de 32 de los 66 expedientes de contratación analizados en 2000, adjudicados por un importe de 121,2 millones de euros, presentaban deficiencias.

El informe destaca que 18 contratos, por 35,5 millones de euros, se han adjudicado por el procedimiento de urgencia -es decir limitando la elección a tres empresas y sin concurso ni publicidad- 'sin que se haya acreditado su justificación'. 'Muchos de los expedientes de contratación son declarados urgentes, de manera que la excepción se convierte en regla general', señala el texto. Entre ellos se encuentra el contrato de mayor cuantía de los 66 analizados: el suministro de comidas preparadas y materias primas para comedores escolares del curso 2000-2001, por un importe de 15,4 millones de euros.

Junto a ello, se aprecian otras 12 deficiencias, referidas a los criterios de valoración, retrasos en la aportación de fianzas, informes de adjudicación sin motivar, retrasos en la ejecución o liquidación o aprobación de proyectos con más de cuatro meses de retraso.

El informe destaca tres contrataciones por un importe de casi dos millones de euros que se adjudican 'a una empresa sin pedir ninguna otra oferta'.

El órgano fiscalizador recuerda que sus anteriores informes ya pusieron de manifiesto 'el excesivo uso que el Gobierno vasco hace del procedimiento' de urgencia y apunta que en 2000 se 'mantiene esta situación', aunque constata que 'se ha reducido respecto al ejercicio anterior'.

Contratos menores

En esta ocasión se han examinado también contratos de menor cuantía para comprobar el fraccionamiento, un mecanismo que a veces se emplea en la Administración para evitar las mayores restricciones que supone una adjudicación de mayor cuantía. El Tribunal de Cuentas ha descubierto que en obras, suministros y reparaciones menores del Departamento de Educación existe 'una utilización abusiva del contrato menor, lo que conlleva la adjudicación de trabajos al margen de los principios de publicidad y concurrencia' Añade el informe que esta actuación posibilita una facturación del contratista 'por importes que hubiesen requerido procedimiento de contratación'. Por ello, recomienda que 'teniendo en cuenta que se trata de trabajos recurrentes y susceptibles de agrupación en uno o varios contratos' a partir de ahora 'se tramiten como tales'.

El tribunal indica que en consejerías como Industria, Presidencia y Vicepresidencia no hubo concurso en ninguna de las contratas analizadas. Salvo Agricultura y Pesca, Interior, Medio Ambiente y Transportes, en todos los departamentos se recurre al procedimiento de urgencia en más del 50% de los expedientes. El informe añade que las adjudicaciones sin concurso son más frecuentes en los servicios de consultoría y asistencia técnica, donde alcanzan un importe de casi 60 millones de euros, y en las obras, con adjudicaciones por otros 37,8 millones.

El Tribunal de Cuentas constata la existencia de más de 137 millones de euros pendientes de cobro hasta el 31 de diciembre de 2000, de los que cerca de 26 millones son multas de tráfico. El informe especifica la lentitud en la resolución de estas sanciones, lo que ha motivado que hasta dicho ejercicio 'se encuentren pendientes de cobro multas impuestas entre los años 1992 y 1999' por un importe de 10,7 millones de euros.

Puestos de profesores

En otro apartado del estudio, el órgano fiscalizador comenta que la relación de puestos del personal docente no se adecuó las 'necesidades' de los centros educativos. Este desfase se debió al incremento de matriculaciones en euskera, que obligó a contratar a profesores interinos y a sobrepasar la plantilla óptima.

En el caso de los maestros, según el estudio, se aprecia una 'drástica reducción' de las aulas de modelo A (en castellano con el euskera como asignatura) acompañada de un incremento de las de modelo D (sólo euskera). Ello ha conllevado un elevado crecimiento de las plazas de perfil lingüístico 2 (máximo de euskera) y una reducción de las de perfil lingüístico 1 (básico de euskera).

El tribunal considera que el Gobierno autónomo cumplió la normativa vigente, salvo las excepciones que incluye en el estudio, y en el aspecto financiero destaca el crecimiento de los ingresos corrientes (6,6%), por encima de los gastos corrientes (un 5,8%). Sobresale el significativo incremento de inversiones (15,1%).