Ibarra pide que Educación pacte con las autonomías el coste de la reforma

El presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció ayer un 'conflicto educativo incalculable' si el Ejecutivo no acuerda con las autonomías la Ley de Calidad. Por eso anunció que el PSOE exigirá la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se aclare su financiación. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, señaló que el coste de la ley se evaluará una vez sea aprobada.

El presidente de Extremadura no escatimó ayer críticas respecto a la Ley de Calidad -aprobada el pasado julio por el Consejo de Ministros- y a la ausencia de memoria económica de ésta.

Tras asistir a una reunión de los secretarios generales de las distintas federaciones del PSOE , Rodríguez Ibarra exigió al presidente del Gobierno, José María Aznar, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que el Ejecutivo aclare el coste de la reforma, se comprometa a pagarlo y para que acepte debatir el futuro de la educación en el Senado. 'Y si no quiere, porque ya sabemos que el Senado le da miedo, que lo haga uno por uno con todos los presidentes', añadió.

Rodríguez Ibarra acusó a Aznar de gobernar como si el Estado de las autonomías no existiera. 'Como si fuera un mal que hay que soportar, pero sin tenerlo en cuenta para diseñar las políticas en las que las competencias son de las comunidades autónomas', puntualizó.

El presidente extremeño insistió en que ésta es una reforma 'perversa' porque mete a los niños que necesitan más atención en el 'pelotón de los torpes', desde el que no tendrán acceso a las mismas oportunidades de formación que los demás. 'Que no me obliguen a ejecutar un proyecto de derechas cuando yo soy de izquierdas, porque me puedo volver esquizofrénico', afirmó Rodríguez Ibarra.

Memoria económica

Desde que el pasado 26 de julio el proyecto de ley entró en el Congreso, el embrollo sobre si hay o no memoria económica es cada vez mayor. El Gobierno niega que exista, pero los socialistas no se lo creen, reclaman que se haga pública y dicen que el Ejecutivo la esconde porque 'beneficia escandalosamente a la escuela privada'.La ministra de Educación, Pilar del Castillo, dijo ayer que el coste de la ley será evaluado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera 'una vez que la ley esté aprobada y se ponga en marcha'. El texto comenzará a debatirse en el Congreso a partir de este mes y las primeras medidas empezarán a aplicarse en el curso 2003-2004.

La ministra insistió en que, de acuerdo con los acuerdos de financiación autonómica firmados por todas las comunidades el pasado diciembre, deberá ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera quien 'evalúe' el impacto económico de la puesta en marcha de la Ley de Calidad en cada autónomía.

Al contrario de lo que sostiene la oposición, Del Castillo puntualizó que la Mesa del Congreso 'no pidió ninguna memoria económica' a su departamento la semana pasada, sino que se limitó a autorizar la tramitación de una pregunta sobre este asunto a IU.