El esfuerzo por la seguridad deja un rastro de restricción de libertades y derechos en EE UU

Cuando tres mil civiles inocentes fueron asesinados en los ataques terroristas el 11 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaró: 'La libertad ha sido atacada, pero la libertad será defendida'. Un año después el balance de la defensa de la libertad es, sin embargo, bastante pobre, al menos dentro de Estados Unidos, donde asociaciones de prestigio, vinculadas tanto al Partido Demócrata como al Republicano, abogados, jueces y defensores de los derechos humanos han criticado al Gobierno por atropellar sagrados derechos constitucionales.

Organizaciones de expertos, algunas de corte tan conservador como el prestigioso Instituto Cato, acusan al Gobierno de haber llevado a cabo detenciones, audiencias y juicios de forma secreta. 'Los derechos democráticos de EE UU son las víctimas desconocidas de los atentados', ha declarado a EL PAÍS Will Goodman,jefe del grupo de abogados que ha presentado una querella colectiva contra el fiscal general, John Ashcroft, por violación de derechos fundamentales. Goodman asegura que Washington 'ha violado el corazón de los derechos constitucionales'. Las críticas, tímidas en el fervor patriótico de las primeras semanas tras los atentados, crecieron a lo largo de meses en los que la prensa y las organizaciones de defensa de los derechos humanos han censurado propuestas de Bush en la lucha antiterrorista.

Aporta datos a esta denuncia la organización Human Right Watch (HRW). Unos 1.200 extranjeros han sido arrestados y encarcelados, en secreto, en relación con la investigación de los ataques del 11-S, pero el Gobierno norteamericano no ha divulgado el número exacto. La mayoría son de países de Oriente Próximo, el sur de Asia y el norte de África. El informe de HRW, titulado Presunción de culpabilidad: abusos de los derechos humanos de los detenidos en relación con el 11 de septiembre, describe casos en los que encuentros al azar con agentes de cuerpos policiales o sospechas de vecinos, sólo basadas en la nacionalidad y religión del extranjero, acabaron en interrogatorios sobre posibles conexiones con terrorismo.

Unas 750 personas fueron detenidas, acusadas de violar las leyes de inmigración, mientras el Gobierno las investigaba. Violando la presunción de inocencia, el Departamento de Justicia los mantuvo en prisión hasta concluir que no tenían vínculos con el terrorismo. Ninguno de los 752 detenidos ha sido acusado de delitos de terrorismo. La mayoría fueron expulsados de EE UU.

Human Rights Watch concluye que la 'guerra contra el terror', lanzada por Bush tras el 11-S, ha ido acompañada de largos encarcelamientos sin cargos; prohibición de acceso de abogados a los detenidos; interrogatorios abusivos e ignorar o anular decisiones judiciales que ordenaban poner en libertad bajo fianza a personas pendientes de procedimientos de inmigración. El Gobierno de Bush ha recluido a personas durante meses en condiciones restrictivas, incluso en régimen de aislamiento. Algunos detenidos han sufrido abusos físicos y verbales por su nacionalidad o su religión.

'Que una persona haya violado las leyes de inmigración no da licencia al Gobierno para ignorar las reglas del derecho penal', asegura Jamie Fellner, directora del programa de Estados Unidos de HRW. Añade: 'Al limitar la supervisión judicial e impedir el escrutinio público de sus acciones, el Gobierno ha asumido un poder virtualmente sin restricción sobre los detenidos'.

La historia de EE UU ha enseñado ya antes el riesgo que se corre al otorgar a los Gobiernos poder sin restricciones en nombre de la seguridad nacional. Ahí están para demostrarlo las campañas de represión contra comunistas y anarquistas tras la I Guerra Mundial; el internamiento de más de 110.000 ciudadanos de origen japonés durante la II Guerra Mundial y la caza de brujas del senador Joe McCarthy durante la Guerra Fría. Muchos perdieron sus trabajos, se les humilló en público y algunos fueron a la cárcel por pertenecer o ser sospechosos de afiliación al Partido Comunista. La Administración arguyó motivos de necesidad, pero la historia ha reivindicado a las víctimas y condenado la actuación de aquellos Gobiernos.

'Estos hechos no volverán a suceder nunca más', argumenta ahora un portavoz de la Administración. El anuncio de poner en marcha el Sistema de Información y Prevención del Terrorismo para alistar a millones de estadounidenses para que espíen a sus conciudadanos, así como las condiciones jurídicas y físicas en las que se encuentran los presos en la base de Guantánamo parecen dar la razón, sin embargo, a quienes temen una nueva página negra de la historia norteamericana. 'Este programa de espionaje interno debe ser detenido', editorializaba The New York Times, que lo compara con los métodos de la policía secreta en la antigua República Democrática de Alemania.