Tres obreros mueren en Cataluña en 48 horas y elevan a 22 el total del verano

Tres obreros murieron ayer en Cataluña en dos accidentes laborales sucedidos en las últimas 48 horas. Con estas muertes se elevan ya a 22 las registradas en los últimos 45 días, en lo que se ha convertido en el verano negro de la siniestralidad laboral. Los sindicatos expresaron de nuevo su malestar por la a todas luces ineficaz política de seguridad laboral desarrollada por las empresas y las administraciones. Según los datos del Ministerio de Trabajo, en los primeros seis meses de 2002 han ocurrido 745.613 accidentes, con 493 muertes, el 11,3% más que el año anterior.

En la unidad de grandes quemados del hospital de Vall d'Hebron de Barcelona fallecieron ayer Francisco P. G. y Ramón G. G., los dos trabajadores de la factoría de Cray Valley Ibérica en Mollet del Vallès (Barcelona) que el sábado habían sufrido quemaduras en el 90% del cuerpo como consecuencia de la explosión de un bidón de 200 kilos de resina sintética. Ambos tenían 41 años y residián en Mollet y Montornès del Vallès, respectivamente.

También en la madrugada de ayer falleció en Tossa de Mar (Girona) un trabajador, Albert R. C., de 38 años y vecino de Blanes, informa Cristina Parals. El trabajador accidentado estaba reparando un fusible en una torre de media tensión. Cuatro dotaciones de bomberos acudieron a las tres de la madrugada para rescatar el cadáver del operario, que había quedado colgando del arnés. Era un trabajador de la empresa EMTE subcontratada por la compañía Fecsa Endesa para desempeñar este tipo de tareas. Un portavoz de esta compañía declaró que la víctima realizaba una operación muy habitual, con un procedimiento establecido, y que llevaba el equipo adecuado.

Con estas tres muertes son siete las registradas en Cataluña en una semana. La empresa Cray Valley anunció ayer una investigación interna para determinar las causas del accidente y la alcaldesa de Mollet, Montserrat Tura, advirtió que actuará 'con toda firmeza y pedirá responsabilidades' si la explosión se produjo por un mal funcionamiento de la empresa.

Cataluña es la comunidad española en la que se producen más accidentes laborales: 79.346 accidentes con baja laboral ocurridos entre enero y junio. Le siguen Andalucía, con 61.727; Madrid, con 53.687, y la Comunidad Valenciana, con 44.767 en el mismo periodo. Y España tiene un índice de siniestralidad laboral muy superior a la media europea. Un estudio del sindicato Comisiones Obreras mostró en febrero que en España se había producido el 20,39% de los accidentes con baja registrados en la Unión Europea, lo cual daba un índice del 8,78 por cada 100.000 trabajadores, cuando la media europea se sitúa en 5 por cada 100.000.

Movilizaciones

Los sindicatos reaccionaron ayer exigiendo la puesta en marcha de políticas efectivas de prevención de accidentes y anunciaron movilizaciones ante lo que consideran pasividad e irresponsabilidad de las empresas y las administraciones ante un azote que causa tantas muertes como una epidemia, en expresión del portavoz de CC OO de Cataluña, Manel García Biel. Los sindicatos atribuyen el elevado número de accidentes a la precariedad laboral, y en particular a la subcontratación y la temporalidad, que permiten a las empresas desentenderse de la prevención de riesgos, y a la ineficacia de las administraciones a la hora de exigir el cumplimiento de la legislación laboral.

García Biel atribuyó directamente la responsabilidad sobre las empresas porque, dijo, 'más del 50% de las firmas en España incumplen la ley de prevención de riesgos laborales'. Y criticó a la patronal por dar 'cobertura moral' a las empresas al sostener, como hizo días atrás el presidente del Fomento del Trabajo Nacional, Juan Rosell, que los accidentes son producto de 'la bajada de guardia' de los trabajadores.

La responsable de seguridad laboral de UGT de Cataluña, Carme Simarro, afirmó que la actuación del Gobierno de la Generalitat 'es una vergüenza', por insuficiente e ineficaz. En una reunión celebrada el 14 de agosto con los responsables sindicales para abordar esta situación, el consejero de Trabajo del Gobierno catalán, Lluís Franco, se comprometió a incrementar el control de la subcontratación en las obras públicas y a aumentar la plantilla de inspectores de trabajo. Pero rechazó la demanda de los sindicatos de que los cuerpos policiales participen en la inspección de las condiciones laborales. Ayer, el director general de Relaciones Laborales del Gobierno catalán, Jaume Abad, anunció que a partir de ahora se remitirá al fiscal las actas de los inspectores de trabajo por infracción en la prevención de riesgos.