Los terroristas usaron España como base sin recurrir apenas a la actividad bancaria
Las autoridades españolas apenas han detectado movimientos bancarios relacionados con los terroristas del 11-S, a pesar de que España ha sido la base principal de Al Qaeda en Europa y de que la detención de dos de sus tesoreros este año en Madrid y en Barcelona ha puesto de manifiesto el importante papel que ha desempeñado España en la financiación de la red terrorista.
La declaración de la guerra contra el terrorismo y su frente financiero llevó a los bancos y cajas de ahorro españoles a bloquear hasta 65 cuentas por valor de 120.000 euros entre septiembre y noviembre de 2001. De ellas, sólo 10 permanecían bloqueadas a finales del pasado julio, según fuentes del Ministerio de Economía. El resto se volvió a activar al no tener ninguna vinculación con actividades terroristas.
Tras el bloqueo de las cuentas, el único movimiento para tratar de acabar con las finanzas de Al Qaeda y su trama ha sido el envío de cartas rogatorias por parte del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a seis países el pasado julio. En ellas se requería la investigación de cuentas bancarias relacionadas con el presunto tesorero de Al Qaeda en España, Ahmed Brahim, detenido el pasado abril en Barcelona, al que se vincula con los atentados perpetrados en 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. EE UU, Noruega, Suecia, Alemania, Arabia Saudí y Luxemburgo recibieron estas cartas, a las que aún nadie ha contestado.
A pesar del escaso movimiento bancario registrado, se cree que España ha sido una fuente de financiación importante para la red terrorista a través del robo y duplicación de tarjetas de crédito, con las que los terroristas obtuvieron grandes sumas de dinero para financiar sus actividades, aunque no se ha podido demostrar que utilizaran ese dinero para llevar a cabo los atentados del 11-S. Además, España ha servido de soporte empresarial de la red de Bin Laden. Tras la detención de Mohamed Zouaydi el pasado abril en Madrid, Interior llegó a la conclusión de que el español de origen sirio transfirió desde España al menos 669.000 euros a activistas islámicos de EE UU, Alemania, Arabia Saudí, Jordania, China, Turquía y Afganistán, entre otros países.
