PP y PSOE abren hoy el Congreso para ilegalizar a Batasuna

Los dos principales partidos que representan al nacionalismo democrático, CiU y PNV, coincidirán hoy en dos argumentos contra la estrategia defendida por los dos grupos mayoritarios, el PP y el PSOE, para que el Congreso de los Diputados se implique y vote pedir la ilegalización de Batasuna. CiU, desde la abstención, y el PNV, desde el no, criticarán las 'prisas' del presidente del Gobierno, José María Aznar, para poner en marcha este proceso, así como que 'implique' a los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El PP y el PSOE rechazarán que el Congreso vaya a interferir en el trabajo de los jueces y defenderán que debe de pronunciarse porque es la 'sede de la legitimidad democrática'.

'Está plenamente justificado y es urgente que el Congreso pida al Gobierno que presente una demanda de ilegalización', defenderá el PP a través de su diputado José Antonio Bermúdez de Castro. Es urgente 'por la gravedad de las conductas' que ha mantenido Batasuna desde la aprobación de la Ley de Partidos, el 27 de junio. La 'importancia de una decisión como ésta' (es la primera vez que se plantea la ilegalización de un partido) y 'su trascendencia para la democracia' completarán los argumentos del PP para defender que el Congreso se 'implique'.

El PSOE proclamará como 'inadmisible que un partido se beneficie de la democracia para intentar destruirla'. Su diputado Juan Fernando López Aguilar será el encargado de defender que 'lo que es inmoral e inconcebible no puede ser legal'. El PSOE cree que esa inmoralidad quedó demostrada cuando Batasuna calificó 'casi como desgracias naturales el horrendo asesinato de una niña y un ciudadano que pasaba por allí', tras el atentado de Santa Pola.

El PP y el PSOE rechazarán, 'porque es falso', que el Congreso 'vaya a ejercer de juez'. 'Ni el Parlamento ni el Gobierno, ni el Ministerio Fiscal tienen capacidad para ilegalizar Batasuna. Eso sólo puede hacerlo el Tribunal Supremo con todas las garantías del Estado de derecho', mantienen. 'El Congreso sólo expresará la declaración de voluntad de los representantes de los ciudadanos para que se convoque un pleno extraordinario que, a su vez, inste al Gobierno a demandar a Batasuna', apostillan desde ambos grupos.

Estos dos argumentos de ambos partidos mayoritarios (la 'urgencia' y que no hay 'interferencias' entre los poderes del Estado) serán criticados, hoy y en el pleno extraordinario del día 26, por los nacionalistas de PNV y CiU.

Pese a esta coincidencia en las formas, PNV y CiU discrepan radicalmente en la cuestión de fondo: PNV se opone a la ilegalización de Batasuna, y CiU la defiende, pero quiere que la Justicia decida 'sin interferencias'. Qué ocurrirá, se preguntan en CiU, si el Tribunal Supremo decide finalmente que no hay base jurídica suficiente para ilegalizar a Batasuna. Xavier Trias, portavoz de CiU, reitera que su grupo, desde la aprobación de la Ley de Partidos, se opuso a que el Parlamento se involucrara. 'Y no hemos cambiado. No deben ser los partidos quienes pidan la ilegalización de otro partido. Y no entendemos estas prisas'.

El portavoz parlamentario del PNV, Iñaki Anasagasti, mantiene que 'Aznar quiere implicar a los tres poderes del Estado porque no está muy seguro de que su decisión esté jurídicamente fundamentada'. Añade que si el Supremo no ilegalizase a Batasuna 'fracasarían los tres poderes del Estado'. Eso sí, Anasagasti afirma que el PNV 'cumple la ley, aunque democráticamente discrepe de ella', por lo que niega que no vaya a aplicarla si, finalmente, Batasuna llegara ser un partido ilegal. Para ilegalizarlo, añade, convendría haber esperado a algo más que al 'silencio' tras un atentado.

La abstención de Izquierda Unida se apoyará en tres argumentos, informa Carlos E. Cué. Felipe Alcaraz los resume en que 'no son abogados defensores de Batasuna' y por eso no pueden votar que no. Pero están en contra de la Ley de Partidos porque 'supone un recorte de libertades'. IU, además, critica que el Parlamento se implique en el proceso para evitar que 'las mayorías puedan impulsar la ilegalización de las minorías'.