La Generalitat ordena el cierre de la empresa que causó la disentería

La Generalitat de Cataluña ordenó ayer paralizar su actividad a la empresa suministradora de aguas de Santa Maria de Palautordera (Barcelona). La medida llegó cinco días después de iniciarse el brote infeccioso y cuando ya se han contabilizado 381 afectados por la bacteria Shigella shonnei, causante de disentería. Esta tardanza, unida al hecho, conocido ayer, de que la empresa operaba desde 1972 sin tener permiso, ha causado malestar en la población.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) dio ayer a mediodía 24 horas de plazo a la compañía de los regantes de Santa Maria para que abandone su actividad como distribuidora de agua potable para la población. 'Si no lo hace', dijo un portavoz del ACA, 'se le impedirá realizar cualquier extracción de agua, aunque sea para regadío'. El ACA justificar la permisividad que ha tenido con esta firma los últimos años porque, pese a servir como potable agua destinada al regadío, 'no había riesgo para la salud' y 'no existía otra posibilidada para abastecer a la población'.

Pero el de Santa Maria de Palautordera no es un caso único. Al menos así lo creen los socialistas catalanes, quienes el año pasado denunciaron que 29 concesiones de extracción agua se están utilizando irregularmente.

La distribución de agua potable extraida directamente del río Tordera comenzó oficialmente en 1972 sin contar con la concesión pertinente, pero 'con un acuerdo del pleno municipal', recordaba ayer el portavoz de la empresa Comunidad de Aguas de Santa Maria, Antoni Latorre.

Pero los antecedentes tienen que buscarse en la remota fecha de 1680, año en que se creó la Comunidad de Regantes y comenzó a distribuir agua para el regadío y, después, agua para el consumo con un rudimentario sistema de cañerías. Hasta el año pasado casi nadie había puesto en duda la legalidad de esta actividad, pese a que en los días de lluvia 'el agua salía turbia y no se podía beber', recuerdan los vecinos.

En 2000, el Ayuntamiento acudió a la Generalitat solicitándole municipalizar el servicio de aguas mediante la compra o la expropiación de la red. Sin embargo, el alcalde de la población, Joan Mayneris, y el portavoz de los regantes, afirmaron ayer que la Generalitat no se ha pronunciado aún sobre sus demandas.