Chaves reclamará 86 millones de euros a Boliden por el vertido de Aznalcóllar

Las administraciones se han decidido a pasar factura a la compañía Boliden de los multimillonarios gastos que han afrontado desde abril de 1998 para reparar el desastre ecológico que provocó en el entorno de Doñana la rotura de la balsa minera de su filial española, Boliden Apirsa. Si el Gobierno central anunció el pasado viernes una multa histórica, 45 millones de euros, la Junta de Andalucía ultima una demanda civil para tratar de recuperar los 86 millones de euros que ha empleado hasta ahora en descontaminar y restaurar la zona afectada por el vertido tóxico.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aplaudió ayer la multa impuesta por el Gobierno central, pero consideró 'muy difícil' el cobro de la sanción, ya que la filial española de Boliden Apirsa tendrá que empeñar todos sus activos para hacer frente al expediente de suspensión de pagos en el que está inmerso desde hace más de un año. Más de 200 acreedores, entre los que se encuentran la propia multinacional y la Junta, reclaman una deuda de más de 100 millones de euros. El acuerdo judicial ha establecido importantes quitas (del 80% en el caso de los grandes acreedores) para hacer posible que todos reciban alguna compensación, aunque ninguno cobrará todo lo que le adeuda Boliden Apirsa.

'La acción civil puede permitir perseguir a la empresa fuera de los límites territoriales de España e incluso exigirle la indemnización ante los tribunales internacionales', dijo Chaves para explicar la apuesta de la Junta por presentar una demanda para reclamar a la multinacional el coste de las tareas de limpieza y descontaminación en caso de que el juez dé la razón al Ejecutivo andaluz y la filial no tenga con qué hacer frente a la indemnización.

La Junta calcula que se ha gastado en estos cuatro años unos 86 millones de euros en limpieza de suelos, tareas de descontaminación, regeneración de la cubierta vegetal y estudios técnicos y científicos. Éstos serán los gastos en los que los servicios jurídicos del Ejecutivo andaluz basarán su petición de compensación.

En esta reclamación, los abogados autonómicos, que tendrán listo el recurso a finales de verano, no incluyen otros importes relacionados indirectamente con el vertido, como los 66 millones que le costó la compra o expropiación de las fincas agrarias afectadas para garantizar que no habrá cultivos en la zona, ahora convertida en corredor forestal.

Las administraciones han recurrido a estas vías (la multa en el caso del Gobierno, la acción civil en el caso de la Junta), una vez que la Audiencia de Sevilla, en noviembre del año pasado, cerró la vía penal al confirmar el archivo de la causa. El Ejecutivo andaluz tiene congelado también un expediente administrativo, aunque un responsable de la Consejería de Medio Ambiente explicó que las posibles sanciones (por contaminación del Parque Natural de Doñana o daños en flora y fauna) serían de muy pequeña cuantía, incomparables con la multa impuesta por el Gobierno, que tiene también abierta, hasta noviembre, la opción de presentar una demanda.

En cualquier caso, la recuperación del dinero público (más de 240 millones en total) se antoja compleja. Y la multinacional minera, que puso otros 36 millones en la limpieza del vertido, no está dispuesta a dar facilidades. El director de comunicación de Boliden, Ulf Söderström, recalcó ayer que la compañía 'no tiene intención' alguna de pagar más por el desastre minero de Aznalcóllar, informa Ricardo Moreno.

Recurso

Söderström enfatizó que la filial española de Boliden aún no había recibido la notificación de la multa y, por tanto, no ha decidido si recurrirá, pero adelantó que la multinacional no asumirá ninguna 'responsabilidad económica' más, ya que no se considera culpable del desastre ecológico. En un comunicado, Boliden recordó que el informe pericial de la instrucción judicial concluyó que la rotura de la presa minera se debió a 'errores cometidos en los estudios geológicos' que utilizó una filial de Dragados y Construcciones en el diseño de la presa. Esos errores, según los peritos, se repitieron en la ampliación de la balsa, ejecutada por otra filial de Dragados contratada por Boliden. La juez consideró que en estos errores no hubo 'imprudencia grave' y descartó la responsabilidad penal.

'Cualquier reclamación debe ser dirigida contra aquellos que son responsables en última instancia por la construcción de la presa', indicó Boliden, que aclaró que también está estudiando presentar una demanda para reclamar a Dragados los costes que ha tenido que asumir por el accidente.