Dragados anuncia acciones legales si Boliden insiste en sus acusaciones

La guerra abierta por las administraciones central y andaluza contra Boliden para recuperar al menos parte de los 240 millones de euros que se han gastado en limpiar y restaurar el valle del Guadiamar ha dejado al descubierto los preparativos de la próxima batalla jurídica entre la multinacional y Dragados, la constructora de la balsa que reventó en abril de 1998. La firma española rechazó ayer el intento de Boliden de colgarle las reclamaciones públicas y anunció que emprenderá acciones legales si la compañía sueca materializa sus acusaciones.

El director de comunicación de Boliden, Ulf Söderström insistió ayer en que la multinacional no hará frente a la multa de 45 millones de euros que ha impuesto el Gobierno central a su filial española al no considerarse culpable de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar (Sevilla), que provocó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y agua ácida en el entorno del Parque Nacional de Doñana. El portavoz de la compañía indicó que sus abogados en España (el bufete Garrigues) está estudiando las 'medidas oportunas' para recurrir la sanción -el Ministerio de Medio Ambiente da un mes de plazo para recibir el dinero- que, en todo caso, 'redirigirá contra los responsables de la construcción de la balsa'.

La multinacional confirma así la estrategia que ya esbozó cuando la Audiencia de Sevilla, en noviembre del año pasado, archivó definitivamente la vía penal al ratificar el primer auto de la juez instructora, que no apreció imprudencia grave en la actuación profesional de Boliden ni de las dos filiales de Dragados implicadas. Ante la opción de que las administraciones recurrieran a la vía civil para exigir indemnizaciones -la Junta andaluza ultima una demanda para exigir a Boliden la devolución de 86 millones de euros-, la empresa minera ya anunció entonces que también emplearía esa vía para exigir una compensación económica a la constructora española y hacerla responsable de cualquier pago que exigiesen las Administraciones por los efectos del vertido tóxico.

Informe pericial

Para traspasar la responsabilidad a las filiales de Dragados, Boliden ha hecho del informe pericial encargado por la juez instructora su principal argumento. Los peritos concluyeron que el derrumbe de la balsa se debió a errores en los proyectos de construcción y recrecimiento de la presa, ejecutados por dos filiales de Dragados (Intecsa en 1977 y Geocisa en 1996), que no calcularon bien la resistencia del subsuelo arcilloso sobre el que se aposentaba, aunque sí siguieron la 'práctica habitual' en este tipo de trabajos, por lo que no se consideró un caso de negligencia.

El Grupo Dragados salió ayer al paso de las acusaciones de Boliden y adelantó alguno de los argumentos que empleará para desbaratar la estrategia de la multinacional. Según la constructora, para establecer posibles indemnizaciones por el vertido tóxico, que anegó 5.000 hectáreas, la causa de la rotura de la balsa es 'irrelevante'. 'Lo importante es que la operadora de la presa actuó de tal manera que permitió que en lugar de lodos espesos se almacenaran hasta cinco millones de metros cúbicos de agua contaminada que fue lo que produjo el desastre', explicó el director de relaciones institucionales de Dragados, José Aizpircueta.

La tesis de la constructora es que la balsa estaba ideada para tener sólo una capa de agua que cubriera los lodos, pero Boliden no bombeó el agua ácida que se empleaba en la separación de mineral, de modo que cuando se produjo el derrumbe el agua almacenada llevó la carga tóxica de la balsa 'donde no tenía que llegar', al valle del Guadiamar.