Condenados en Chile 12 militares por un crimen cometido durante la dictadura

El juez Sergio Muñoz sentenció ayer a 12 militares chilenos retirados, la mayoría ex miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a penas de prisión por el asesinato en 1982, durante la dictadura de Augusto Pinochet, del ex dirigente sindical Tucapel Jiménez. La sentencia dejó un sabor agridulce a los familiares de la víctima, dirigentes sindicales y de organismos de derechos humanos, que agradecen que se haya aclarado el homicidio, pero critican que las condenas sean bajas, y fue valorada favorablemente por el Gobierno y los partidos oficialistas como un avance de la justicia.

Las sentencias recayeron sobre el coronel Carlos Herrera (prisión perpetua) y dos suboficiales (seis años de cárcel) como autores materiales. Como autores intelectuales fueron condenados el general Ramsés Alvarez, ex jefe del DINE (10 años de cárcel), el brigadier Víctor Pinto y el teniente coronel Maximiliano Ferrer (ocho años). Otros dos oficiales recibieron penas de tres años como cómplices, mientras que los generales Hernán Ramírez Rurange, Hernán Ramírez Hald y Fernando Torres Silva fueron sentenciados como encubridores a 800 días de presidio remitido, que se cumple firmando periódicamente y sin cárcel. El coronel Enrique Ibarra fue condenado a 541 días. Cuatro procesados fueron absueltos.

Los querellantes, que esperaban prisión perpetua para todos los autores, materiales e intelectuales, anunciaron que apelarán las 'bajísimas' sentencias, aunque igualmente valoraron el trabajo de investigación del magistrado. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, calificó las penas de 'vergonzosas' y dijo que aspiraban a 'perpetua para los generales del Ejército que, usando su uniforme, planificaron el crimen'. Tucapel Jiménez hijo consideró 'blandas' las sentencias y dijo que se hizo 'justicia a medias'. Entretanto, el ministro portavoz del Gobierno, Heraldo Muñoz, consideró el caso como 'un hito en cuanto a hacer justicia y establecer la verdad', y afirmó que permite avanzar en la legitimación social de la justicia.

Los querellantes estiman que unas sesenta personas estuvieron involucradas en el crimen, pero el juez concentró las condenas en los 11 sobre los que logró pruebas. El abogado querellante, Jorge Mario Saavedra, afirmó tener la convicción de que el ex dictador Augusto Pinochet es el responsable, 'pero si lo hubiéramos involucrado no tendríamos hoy sentencia'. El juez Muñoz explicó que recogió antecedentes, 'pero ninguna evidencia o prueba directa' contra Pinochet.

Jiménez, que era presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y había sido opositor al ex presidente Salvador Allende, fue asesinado en febrero de 1982, cuando buscaba unificar al movimiento sindical para realizar una huelga general contra la dictadura. Poco antes del crimen, Pinochet amenazó a los que realizaban acciones contrarias a su Gobierno, a los 'enquistados' que trataban de 'sembrar la cizaña en las mentes de los trabajadores'. En una amenaza dirigida a Jiménez, pero sin nombrarlo, dijo: 'Tengan mucho cuidado, señores'.

El dirigente era vigilado por el DINE, cuyos jefes dieron la orden de matarlo, según confesó uno de los autores. El 25 de febrero de 1982, tres agentes de la DINE se subieron al taxi que manejaba Jiménez desde que había sido despedido del sector público, y le pidieron que los llevara a las afueras de Santiago, donde lo mataron a balazos y apuñalaron en el cuello, simulando un asalto.

Los responsables intentaron encubrir el crimen, a pesar de que a pocos les cupo duda de la mano que estaba detrás. Incluso agentes de la CNI asesinaron al carpintero Juan Alegría simulando un suicidio y lo forzaron a declararse culpable en una carta. Durante 18 años, mientras la investigación fue dirigida por el juez Sergio Valenzuela, uno de cuyos hijos trabajó en la CNI, las pesquisas no avanzaron hasta que los querellantes lograron hace dos años su reemplazo.

El nuevo juez, Sergio Muñoz, hizo una investigación minuciosa. Insatisfecho con el informe policial de una huella dactilar, orientó la investigación para identificar al personal del Ejército que ocultaba la información; estudió con su equipo un millón de nombres de los registros de sueldos y comparó sus huellas; consiguió apoyo externo para identificar el arma a partir de los proyectiles. Dos confesiones y las mutuas acusaciones entre los responsables le permitieron identificar a los culpables. En el caso del carpintero, dictó anteriormente tres condenas a cadena perpetua y una a 10 años de cárcel a los cuatro implicados.