El Gobierno aprueba la reforma educativa sin precisar su financiación

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) sin señalar su coste ni los recursos que destinará a esta reforma y sin fijar una financiación específica para desarrollarla. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, señaló que la financiación se determinará en la reunión anual del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un organismo con representación de las comunidades y del Ejecutivo central. Los gobiernos vascos y andaluz criticaron esta dilación. Con esta reforma, la mayor desde 1990, el Ejecutivo pretende dar un vuelco al sistema educativo no universitario.

La ministra justificó así la ausencia de una memoria económica que acompañe a este proyecto de ley: 'Con el nuevo sistema de financiación autonómica, los gastos adicionales de las comunidades autónomas -que tienen todas transferidas las competencias educativas- serán evaluados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera'. Según dijo, 'los gastos adicionales que impliquen esta ley serán evaluados anualmente' en este consejo.

El nuevo sistema de financiación autonómica, 'aprobado por unanimidad por todas las comunidades en julio de 2001, ya recoge en sí mismo un procedimiento para que éstas puedan asumir las obligaciones de gasto que surjan como consecuencia de la aprobación de reformas como la del sistema educativo', insistió la ministra.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene mayoría el Gobierno. Según expertos consultados, este consejo acuerda el sistema de distribución de los recursos entre las comunidades, pero no fija la cuantía que se debe destinar a una ley. Al contrario que esta reforma, el proyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) aprobado por el Gobierno hace justo un año, también en pleno verano, iba acompañado de una memoria económica, que financiaba la agencia nacional de evaluación y el sistema nacional de habilitación del profesorado.

De hecho, a pesar de que la ministra no lo haya hecho público, el Ministerio de Educación sí ha elaborado una memoria económica de la Ley de Calidad , que ha sido ya analizada por Hacienda. En ella se calcula que el coste de esta reforma es de 90 millones de euros anuales y se estima que serán necesarios sólo 2.800 profesores nuevos para ponerla en marcha. Otros países que han anunciado reformas educativas han señalado previamente la financiación que destinarán a ellas: el Gobierno británico, 20.000 millones de euros anuales y EE UU, 30.000.

Autonomías indignadas

Algunas comunidades autónomas manifestaron ayer su asombro e indignación ante la circunstancia de que el Gobierno aprobara el proyecto de Ley de Calidad sin financiación. Según la consejera de Educación de Andalucía, Cándida Martínez, 'es una irresponsabilidad hacer una ley sin decir lo que cuesta y qué dinero va a invertir el Gobierno en mejorar la calidad de la enseñanza. Y es absurdo remitirse al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque lo lógico es decir el coste de una reforma y luego negociarla con los mecanismos establecidos'. 'El Ejecutivo ha escondido la memoria económica porque en ella se está favoreciendo a la educación privada frente a la pública', considera Martínez.

La consejera vasca de Educación, Anjeles Iztueta, manifestaba ayer su perplejidad: 'No se mejora nada sin una previsión presupuestaria y sin inyectar grandes cantidades de dinero a la educación. El gasto en Educación del Gobierno español es muy bajo, mientras el Gobierno Vasco hace una apuesta al dedicarle el 30% de su presupuesto'.

Los nacionalistas catalanes emitieron opiniones contrapuestas, informa J. M. Martí Font. Mientras la consejera de Enseñanza, Carme-Laura Gil, que en un primer momento había calificado de 'irrisoria' la dotación prevista por el Gobierno del PP para la aplicación de la ley, ayer se mostraba favorable a ciertos aspectos de la ley, asegurando que Del Castillo se había dejado influir por 'elementos progresistas'. En cambio, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, anunció ayer que la federación nacionalista presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Calidad porque 'invade claramente las competencias de las instituciones de autogobierno catalanas'. Durán recordó que esta misma semana han acordado recurrir también la Ley de FP ante el Constitucional.

Respecto de la financiación de una de las medidas más caras de la ley -la gratuidad a partir de su entrada en vigor de la educación Infantil (3 a 6 años) en los centros privados concertados-, la ministra señaló que 'las comunidades autónomas tendrán que decidir cómo gestionan este principio'

y resaltó que algunas comunidades ya están financiando esos centros al 100%. Son: Baleares, Cataluña, La Rioja, Navarra y el País Vasco.

Este proyecto de ley será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria a partir de septiembre y se prevé que las primeras medidas entrarán en vigor a partir del curso 2003-2004. El calendario de aplicación 'no podrá tener un ámbito superior a los cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma', según señala el proyecto, que añade que la entrada en vigor se producirá a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Estado.