El PSOE solicita que no se tramite la Ley de Calidad por carecer de memoria económica

El Parlamento no cuenta con los 'elementos de juicio necesarios' para estudiar y, finalmente, aprobar la Ley de Calidad si desconoce su cuantificación. Ésta es la opinión del Grupo Socialista, que ayer solicitó a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, que paralice el proyecto, que ha entrado en esta Cámara sin memoria económica. El PP no ve precepto legal que obligue a la presentación de esa memoria. El PSOE cita tres: la Constitución, el reglamento del Congreso y la Ley del Gobierno. La Mesa de la Cámara Baja estudiará en su reunión del 3 de septiembre la petición socialista. Si la tramitación sigue, el PSOE presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Los socialistas dan por seguro que el Gobierno ha 'ocultado' el presupuesto calculado para la Ley de Calidad por el equipo de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, e incluso enviada a Hacienda porque pone de manifiesto 'que privilegia escandalosamente a la enseñanza privada' (ver memoria económica elaborada por Educación y cartas al Ministerio de Hacienda en www.elpais.es). Pero el principal motivo de controversia es la ausencia de esa memoria en el proyecto de ley que desde anteayer se encuentra en el Congreso. 'Simplemente, es ilegal', dijo ayer el portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, que compareció en el Congreso junto a la responsable de Educación de la Ejecutiva del PSOE, Carme Chacón.

Los socialistas citan la Constitución, el Reglamento del Congreso y la Ley de Gobierno de 1997. Este partido recuerda, además, que el dictamen del Consejo de Estado sobre esa ley pedía un cálculo de los costes de la norma: 'En todo caso, en el supuesto de que no implicara costes adicionales, convendría introducir en la memoria justificativa alguna consideración relativa a ello'.

El PSOE ha dado un paso más que la mera denuncia y ha escrito a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, para que 'suspenda la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Calidad de la Educación hasta que no obre en la Cámara la preceptiva Memoria Económica que, formal y materialmente, permita y facilite a la Cámara 'los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre el proyecto', como dice el reglamento del Congreso. '¿Cómo nos vamos a pronunciar sobre una ley si no sabemos su coste?', señaló Caldera.

Los socialistas han advertido además de que, si en septiembre no llega a la Cámara la memoria, presentarán recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los artículos 88 de la Carta Magna y 109 del Reglamento de la Cámara baja prevén que los proyectos de ley remitidos por el Gobierno vayan 'acompañados por una exposición de motivos y antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos'. La Ley del Gobierno es más directa: el artículo 22.2 señala que los proyectos deben adjuntar 'una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar'.

La dirección del PP respondió a través de su secretario general y ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas. 'No existe ninguna obligación legal en el marco del Reglamento del Congreso para presentar una memoria que acompañe la ley', dijo Arenas, que no aludió a la citada Ley del Gobierno. Arenas añadió: 'El PSOE plantea la obstrucción de la reforma, lo que no presenta novedad ya que es lo que hace con todos los proyectos del Gobierno'.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer que la Ley de Calidad 'no lleva memoria económica' y dijo que 'lo que aprueba el Gobierno es lo que existe', informa Marta Aguirregomezcorta. Montoro, que participó en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, añadió que 'puede haber intercambio de documentos o de papeles entre los diferentes departamentos ministeriales a efecto de los estudios pertinentes, pero lo que resulta de la decisión es lo que existe y no lo que hay antes'. El titular de Hacienda añadió: 'Otra cosa es que la portavoz del partido socialista hable de unas cuentas que no existieron, pero allá ella con esas cuentas'.

En la dirección del PSOE la lucha contra esta ley es una prioridad, tal y como ha decidido su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero. En septiembre, la responsable de Educación, Carme Chacón, empezará una campaña de movilización e información con amplios sectores sociales junto a los sindicatos CC OO y UGT. Éstos han anunciado que convocarán protestas para octubre. 'Habrá movilizaciones y estaremos allí', aseguró Chacón. El PSOE pretende ir más allá de la comunidad educativa y hacer ver a 'las familias' y a todos los ciudadanos que esta ley forma parte de un entramado legal 'que implica un modelo social fracturado y segregador', advirtió Chacón.