El Parlamento pide al Gobierno que remita la memoria económica de la Ley de Calidad

El Gobierno tendrá que remitir al Congreso la memoria económica de la Ley de Calidad de la Educación, en cumplimiento del reglamento del Congreso, que ha sido invocado por la diputada de IU Marisa Castro para tener en sus manos el coste económico del proyecto. Así lo acordó ayer la Mesa del Congreso, que, no obstante, rechazó la petición del PSOE de paralizar la tramitación de la ley hasta no tener su evaluación económica. La diputada socialista Carme Chacón también pidió ayer los documentos, en uso de las facultades individuales de los parlamentarios.

El PSOE se siente satisfecho por la decisión que ayer tomó la Mesa respecto a la Ley de Calidad, pese a que su propuesta concreta fue rechazada. La satisfacción socialista viene porque salió adelante una iniciativa de IU que cumple en parte sus expectativas. Los socialistas pidieron a la Mesa que suspendiera la tramitación de la Ley de Calidad de la Educación hasta tanto no llegara a la Cámara la memoria económica de la ley. Esto fue ayer rechazado. A continuación la Mesa estudió una petición de la diputada de IU Marisa Castro que, con la invocación del artículo 7 del Reglamento, que alude a la facultad de los parlamentarios de solicitar al Gobierno documentos para llevar adelante su trabajo, pedía la memoria económica de esa ley. Esta petición fue aprobada por unanimidad.

A partir de ahí el alcance del acuerdo fue interpretado de manera muy diferente según el mentor fuera del PP, del Gobierno o del PSOE. Para los primeros, la aceptación de la petición de IU es de trámite, en tanto que para el PSOE supone 'un éxito' y el reconocimiento de que sí hay memoria.

Desde que el pasado 26 de julio el proyecto de ley entró en el Congreso, la trifulca entre la ministra de Educación, Pilar del Castillo, y la responsable federal del PSOE para Educación, Carme Chacón, no ha dejado de crecer. La ministra niega que haya memoria y la diputada socialista asegura que sí la hay y exhibe documentos en ese sentido que obran en su poder. A partir de ahora habrá que esperar cuál es el documento que el Gobierno envía a la Cámara relativo a los costes de la ley, para calibrar la importancia de la decisión que ayer tomó la Mesa. Lo cierto es que el Gobierno puede responder que 'no está en condiciones de acceder a esa petición porque la memoria no existe', dijeron, a modo de hipótesis, fuentes parlamentarias.

'Burras ciegas'

El portavoz parlamentario del PP, Luis de Grandes, fue ayer el primero en restar importancia a la decisión de la Mesa y pidió al PSOE que 'no venda burras ciegas'. Este portavoz insistió en que el coste verdadero de esta reforma educativa vendrá derivado de decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, proclamó el éxito de su grupo. 'La Mesa nos da la razón y exige al Gobierno que envíe la memoria económica'. En idénticos términos se expresó Carme Chacón, que pidió al secretario general del PP, Javier Arenas, y a la ministra Del Castillo, que 'pidan perdón' por negar la existencia de una memoria.

Pero la dirigente socialista decidió utilizar de inmediato la vía abierta por la Mesa, por lo que envió ayer mismo al órgano de dirección del Congreso una solicitud, amparándose en el artículo 7, para que el Gobierno la remita toda la documentación relativa al coste económico de la ley. Su petición es bastante más amplia que la de la diputada de IU. Pero el Gobierno insistió en aguar la alegría del PSOE. El Secretario de Estado de Educación, Julio Iglesias de Ussel, recordó que la Mesa sólo 'ha dado curso' a 'una petición individual que el Gobierno responderá en su momento sin que signifique aval o apoyo al contenido'.