Una brecha en la comunidad educativa
La aprobación de la Ley de Calidad de la Enseñanza por el Consejo de Ministros levantó ayer distintas reacciones dentro de los dos grandes frentes de la comunidad educativa -los defensores de la escuela pública y los representantes de la concertada- que perciben de manera antagónica la reforma.
- Representantes de profesores.Los sindicatos mayoritarios de la enseñanza Comisiones Obreras y UGT denunciaron que el proyecto de ley agrava la situación de los docentes. Comisiones Obreras aseguró que al carecer de financiación 'cualquier medida que se adopte recaerá sobre las espaldas de los profesores'. La Federación de Enseñanza de UGT afirmó que la ley empeora las condiciones de los profesores con la jerarquización interna y la invasión por parte de la Administración en los centros.
El sindicato CSIF señaló que está de acuerdo con la creación de itinerarios y la supresión de la promoción automática pero no con que se pueda superar la ESO con una asignatura suspendida.
- Asociaciones de estudiantes. El Sindicato de Estudiantes señaló que el proyecto de ley 'ratifica todas las medidas de ataque del Gobierno a la enseñanza pública'. También denunció que dificulta el acceso a la educación universitaria a través de la Prueba General de Bachillerato y con la implantación de itinerarios de 'primera y segunda categoría'. Y criticó que los alumnos de 15 años puedan optar a los Programas de Iniciación Profesional pues 'reduce en un año la escolarización obligatoria'.
- Asociaciones de padres. Para la Confederación laica de padres de alumnos (Ceapa) esta ley perjudica la escuela pública, segrega al alumnado y deja en desventaja a la FP 'ya que se exigen menos requisitos para acceder a ella que a la Universidad'. La Confederación de padres católicos (Concapa) apoya la supresión de la promoción automática y la existencia de itinerarios pues 'facilitará que los alumnos aprovechen la escolarización en función de sus intereses y aptitudes'.
- Sector privado y concertado.La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Educación y Gestión (EyG), la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y el sindicato USO aseguraron que el proyecto supone 'un avance' en la calidad de la educación. Coincidieron en que la gratuidad en la etapa de infantil (de 3 a 6 años) permitirá la libertad de elección de los colegios por parte de las familias. Tanto FERE como EyG demandaron una mayor autonomía en los centros concertados para poder adaptarse a su alumnado.
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