Medio Ambiente avala a una industria sancionada por contaminar para que se instale en la Segarra

El Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat ha emitido un informe favorable para que la industria Proteínas y Grasas Gimeno de Sant Boi de Llobregat, sancionada varias veces por realizar vertidos contaminantes en una reserva natural del delta del Llobregat, pueda instalarse en la comarca leridana de la Segarra, una de las más afectadas por el cierre de la planta de la multinacional Lear en Cervera.

En el informe se admite que el proyecto básico presentado por la empresa tiene numerosas carencias medioambientales, referidas especialmente al tratamiento de las aguas residuales y a la evacuación de olores a la atmósfera.

El Grup per la Defensa del Medi Natural de la Segarra y la entidad ecologista Ipcena, de Lleida, denunciaron ayer que la Generalitat es el principal avalador de una empresa contaminante que pretende instalarse en unos terrenos no urbanizables del municipio de Ribera d'Ondara y en cambio no persigue a los delincuentes medioambientales, como en el caso del vecino de Tàrrega detenido por matar tres crías de aguilucho cenizo, una especie protegida. Los ecologistas piden a la Comisión Provincial de Urbanismo de Lleida que informe desfavorablemente el expediente hasta que cumpla todas las exigencias ambientales.

La empresa Proteínas y Grasas Gimeno, que ahora se llama Pet Food Ingredients, está dedicada a la fabricación de grasas y piensos para animales de compañía y de granja a partir del aprovechamiento de los despojos cárnicos de los mataderos y de otros subproductos procedentes de todo tipo de ganado. La firma prevé invertir 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) en la factoría de Ribera d'Ondara, donde crearía entre 60 y 100 empleos. Su gerente y administrador, José María Gimeno Borrás, fue condenado hace un año por la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona a cuatro años de prisión y a tres de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades industriales en este ramo como autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La sentencia declaró probado que la empresa de Gimeno realizó a lo largo de 1999, intencionadamente, en horas nocturnas y sin la depuración adecuada, numerosos vertidos de aguas residuales a un canal pluvial -habitualmente seco- que desemboca en la laguna del Remolar, una reserva natural y zona de especial protección para las aves situada en el delta del Llobregat.

El tribunal estimó que los vertidos 'deterioraron de forma grave las condiciones de vida animal y vegetal' del canal pluvial, que a partir de su paso por esta industria ha sufrido un impacto ambiental negativo de tipo visual, sanitario, olfativo e hidráulico, y ha quedado 'convertido en una cloaca portadora de aguas oscuras con fuerte mal olor, intensa falta de oxígeno y presencia de grasas y amoniaco'.

Terrenos rústicos

Los ecologistas aseguran que el proyecto presentado por Gimeno no reúne los mínimos requisitos para ser autorizado, puesto que no sólo no resuelve cuestiones tan elementales como el abastecimiento de agua, la depuración de las aguas residuales, la evacuación de las emisiones a la atmósfera y la eliminación de los malos olores, sino que vulnera la normativa urbanística vigente. Los terrenos en los que se quiere ubicar la planta están calificados como rústicos, lo que resulta incompatible con la actividad que pretende desarrollar.

El portavoz de Ipcena, Joan Vázquez, criticó a la Generalitat por no facilitar información y defender proyectos como los de esta empresa altamente contaminante. Vázquez anunció acciones judiciales y movilizaciones ciudadanas para impedir que la industria se ubique en la Segarra. 'Nos parece bien que vengan empresas, pero no a cambio de suciedad. Es escandaloso que un presunto delincuente venga a salvar los puestos de trabajo destruidos por la multinacional Lear', añadió.

Proteínas y Grasas Gimeno es una de las muchas empresas catalanas que según la Generalitat están dispuestas a instalarse en la zona de influencia de Cervera para paliar los efectos negativos del cierre de Lear. La semana pasada, el presidente Jordi Pujol, en su primera visita a Cervera desde que se anunció el cierre de la factoría, se mostró tan optimista que incluso se permitió afirmar que en un plazo breve de tiempo se habrá superado la crisis y recolocado a los cerca de mil trabajadores gracias al desembarco de nuevas industrias. La Mesa para la Reindustrialización de las comarcas de Lleida, creada a raíz del cierre de Lear, tiene 150 proyectos que podrían crear 1.500 empleos. La Generalitat ya ha subvencionado 11 de ellos con 800.000 euros (133 millones de pesetas).

Pujol denunció una campaña política contra las empresas que quieren instalarse en la zona y se negó a dar sus nombres aduciendo: 'Los empresarios nos piden discreción para evitar ser objeto de críticas'. Un concejal independiente de Cervera interpeló a Pujol por avalar a la firma barcelonesa y el director general de Industria, Antoni Gurguí, le replicó que la empresa está libre de sospechas y que si se va de Sant Boi no es por motivos ambientales, sino porque allí la actividad industrial está colapsada. Pujol zanjó la agria discusión con el edil con un 'no se merece que le demos más explicaciones'.