Archivo de discordia

El patronato del Archivo General de Salamanca, presidido por la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, ha decidido no devolver los documentos incautados por las tropas de Franco en Cataluña, escudándose en el principio de la 'unidad de archivo'. La decisión, 24 años después de que se iniciara el debate sobre el destino final de estos fondos, ha levantado una ola de indignación en Cataluña.

La opción ministerial, sin matiz alguno, ha sido la peor de las posibles. Contrariamente a lo que pueda parecer, el litigio no era sustancialmente técnico, sino político. Más aún cuando el Archivo General de la Guerra Civil no responde a su enfático calificativo: carece de los legajos diplomáticos y de las actas de los primeros Gobiernos de la dictadura. El principio de 'unidad de archivo' formulado por la Unesco implica evitar la destrucción de los archivos en la institución o instituciones que los originan; de ninguna manera ampara su expolio por las armas.

Las actuales técnicas de la informatización y reproducción y el nivel de las comunicaciones permitían distintas salidas dignas para todos, y útiles para los usuarios, que diversos expertos habían apuntado. Entre ellas, la devolución global o parcial de los papeles expoliados; la copia -poco onerosa- de los materiales; la cesión de uso a Cataluña; incluso la devolución formal, manteniendo Salamanca el depósito material de los fondos. Cualquiera de ellas habría servido para encauzar un problema delicado que produce sentimientos encontrados en Castilla y en Cataluña.

En vez de resolver un problema político, como corresponde a los políticos -mediando todos los asesoramientos técnicos, que en este caso han sido profusos, aunque dispares-, la ministra de Cultura ha asumido una decisión que encona ánimos, al avalar de hecho un derecho de conquista, y no parece dejar a los insatisfechos otra salida que pleitos enojosos y de largo alcance. Si se quería encauzar el problema no ha habido mejor manera de encizañarlo todavía más.