Bruselas autoriza la vuelta a manos públicas de la gestión de la red ferroviaria británica

El Gobierno británico cuenta con la autorización de la Comisión Europea para inyectar 37.594 millones de euros (unos 24.000 millones de libras) en su red ferroviaria y proceder a una renacionalización de la gestión de las infraestructuras. La ayuda, la más cuantiosa de las examinadas por Bruselas hasta ahora, servirá para que Network Rail, la sociedad que se creó tras la quiebra en octubre pasado de la privatizada Railtrack, explote y mantenga la red utilizando esos fondos. Los accidentes, el deterioro de la infraestructura y la presión social han obligado al Ejecutivo laborista a recuperar el control público de la red ferroviaria.

La decisión contrasta con los mensajes liberalizadores lanzados en marzo de 2000 por la Unión Europea en la cumbre de Lisboa, y que fueron sostenidos con especial énfasis por el primer ministro británico, Tony Blair. También se opone a la política de privatizaciones seguida por los Gobiernos europeos durante la última década. Pero el transporte público, al igual que la sanidad y la educación, se están degradando considerablemente en el Reino Unido, y Blair ha decidido cambiar de estrategia.

Técnicos próximos a la comisaria europea de Transportes, Loyola de Palacio, una de las firmes defensoras de la liberalización en los transportes, aseguran que con esos casi 37.600 millones de euros podrá superarse la grave crisis que sufre 'un sistema que está en quiebra' y que ha originado varios accidentes mortales. Consideran que 'no hay motivos' para oponerse a esta subvención y afirman que la misma 'pondrá fin a las incertidumbres que pesan sobre el futuro de la red ferroviaria británica después de que Railtrack pasara a estar bajo tutela administrativa en octubre pasado'.

Debido precisamente a la serie de accidentes ferroviarios en el Reino Unido durante los últimos años, el sector del ferrocarril ha sido utilizado continuamente como arma arrojadiza contra Blair. Para evitar el proceso de degradación, el Gobierno laborista reaccionó el pasado otoño e intervino la sociedad Railtrack, en manos privadas desde mayo de 1996 por decisión del entonces Gobierno conservador. Railtrack estaba en quiebra y el Ejecutivo británico optó por crear Network Rail. La operación fue notificada ante la Comisión Europea en noviembre del año pasado para recibir su autorización.

Según los planes originales de Londres, aprobados por Bruselas, en esta compañía se inyectarán 480 millones de euros para hacerse con el control de Railtrack. La nueva empresa se encargaría de explotar y mantener todas las infraestructuras (trenes, señalización, garajes...) de la red ferroviaria británica que su predecesora prácticamente había abandonado con el resto del dinero público.

Sin ánimo de lucro

En teoría, Network Rail funcionará como una empresa privada sin ánimo de lucro. Y como si se tratara de un controlador aéreo, los miembros públicos de la nueva compañía británica que gestionará la red ferroviaria serán mayoritarios, aunque nunca podrán superar el 75% del total.

La operación diseñada por el Ejecutivo británico para recuperar de la quiebra a su sistema ferroviario se ve así como una renacionalización pura y dura en la gestión de las infraestructuras en Reino Unido más que como una simple ayuda de Estado compatible con las reglas de la competencia.

'Es cierto que no están poniendo todo el sistema en manos de la Administración, pero están tomando el control de las infraestructuras con el propósito de hacer las inversiones necesarias en la red y mejorar la calidad, que es muy pobre', indicaron fuentes oficiales comunitarias.

'Londres está renacionalizando Railtrack, aunque no quiera decirlo abiertamente', añaden las mismas fuentes. La Comisión Europea ha aprobado esta estrategia porque considera que no va en contra de la política de liberalizaciones. 'Nunca hemos dicho que se deban liberalizar las infraestructuras', indicó el portavoz de Transportes, 'y si los países quieren hacerlo, lo hacen, pero lo importante es que haya un servicio de calidad, que funcione y sea totalmente seguro', añadió.

De hecho, entre los argumentos que utiliza Bruselas para justificar su decisión destaca que 'la inversión en seguridad es muy costosa y poco rentable'. Por eso, considera que el sector público está en mejores condiciones para soportar el coste.

'La liberalización debe ir acompañada siempre de seguridad, y en el caso británico no ha sido así', argumentó.

La Comisión Europea reconoce, además, que las infraestructuras ferroviarias forman 'un monopolio natural' y, de hecho, en todos los Estados miembros su gestión está en manos del Estado. En el Reino Unido se privatizó y fracasó. 'El sistema británico ha demostrado que en el terreno de las infraestructuras ferroviarias ha usado métodos de empresas privadas; es decir, ha perseguido la rentabilidad a corto plazo y por eso creemos que es positivo un cierto control público en esos servicios', señaló el portavoz.

La situación financiera de Railtrack era tan angustiosa que el Gobierno británico tuvo que garantizar el pasado mes de marzo un préstamo sindicado de Royal Bank of Scotland plc, Barclays Capital, Dresdner Kleinwort Wasserstein y Merrill Lynch, por 4.400 millones de libras (6.800 millones de euros).

Railtrack registró unas pérdidas de 534 millones de libras esterlinas (827 millones de euros) en el ejercicio fiscal de 2000-2001 el año pasado, frente a las ganancias de 360 millones de libras del año anterior.