El Congreso pide a Aznar firmeza ante el reto soberanista y que dialogue con el Gobierno vasco

El reto soberanista de la mayoría nacionalista e IU en el Parlamento vasco a la Constitución y el Estatuto no pasó desapercibido en las resoluciones finales del debate sobre el estado de la nación. PP y PSOE pactaron una resolución en la que instan al Gobierno central a que adopte las medidas necesarias para garantizar la legalidad constitucional y estatutaria frente a dicho reto, expresado en el dictamen aprobado el viernes en la Cámara vasca. La misma resolución reclama al Gobierno central que dialogue con el vasco para cumplir el desarrollo del Estatuto en el marco institucional. La resolución contó con la abstención del PNV y CiU. Izquierda Unida le dió su apoyo así como al texto alternativo presentado por el PNV.

El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, negoció ayer el texto de la resolución con el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, y el diputado Alfredo Pérez Rubalcaba. Caldera precisó que lo hicieron por 'sentido de Estado' y por la 'gravedad del reto soberanista' como 'ya había señalado José Luis Rodríguez Zapatero la víspera, en el curso del debate sobre el estado de la nación'. Zapatero, en esa misma intervención, ofreció su apoyo a José María Aznar en esta materia sobre la que el presidente del Gobierno expresó su gran preocupación en el discurso con el que abrió el debate.

Pero los socialistas instaron también a Rajoy a que, además de adoptar una posición de 'firmeza democrática' ante la amenaza de ruptura del marco constitucional y estatutario por el nacionalismo e IU, a través del Parlamento vasco, la resolución recogiera una llamada al diálogo entre los dos Gobiernos para completar el desarrollo estatutario en Euskadi. El Gobierno central asegura que sólo quedan pendientes siete traspasos para completar el Estatuto, mientras el Ejecutivo vasco dice que son 37.

La negociación no presentó problemas y se cerró antes de las once de la mañana de ayer con la asunción por Rajoy de la llamada al diálogo a los dos Gobiernos. También, en el curso de la negociación, Rajoy, Caldera y Pérez Rubalcaba decidieron retirar la resolución del PP, firmada por Jaime Ignacio del Burgo, en la que negaba la pertenencia de Navarra al País Vasco y sustituirla por una alusión a la comunidad foral de los portavoces del PP y PSOE en el pleno durante el debate de las resoluciones. 'No se puede poner al mismo nivel el reto soberanista del nacionalismo en el País Vasco con la situación de Navarra', justificaban ayer los socialistas al defender la retirada de la resolución.

Jesús Caldera cumplió su compromiso y, en nombre del PSOE, recordó al Parlamento vasco, desde la tribuna del Congreso, que el actual marco normativo sólo concede a los navarros la posibilidad de elegir libre y democráticamente su estatus político, social, económico y cultural. A su vez, el portavoz del PP, Gabriel Cisneros, también defendió, en la tribuna pública, el derecho de Navarra a decidir su propio destino 'sin injerencias de la comunidad vasca'.

Ayer mismo, el Gobierno de Navarra, de UPN, instaba, en un comunicado dirigido al Ejecutivo vasco, a 'restaurar la legalidad gravemente quebrada' con su dictamen sobre autogobierno, ratificado mayoritariamente en el Parlamento vasco, y rechazó la inclusión de Navarra 'en un inexistente sujeto político llamado Euskalherria conformado por siete territorios', informa Mikel Muez.

La resolución conjunta del PP y PSOE contó el apoyo de Coalición Canaria y con la sorprendente abstención del PNV y CiU ya que, en su primera parte, exige al Gobierno central que garantice la legalidad constitucional y estatutaria en Euskadi. Iñaki Anasagasti y Margarita Uría, en nombre del PNV, argumentaron su abstención en que no podían rechazar una resolución 'en la que se reclamaba al Gobierno central que dialogara con el vasco'. Manel Silva, de CiU, aseguró que su grupo había decidido alinearse con el PNV en esta materia por 'solidaridad nacionalista'.

Más curiosa aún fue la actitud de Izquierda Unida, partido que gobierna en el País Vasco con el PNV y Eusko Alkartasuna (EA). Apoyó la resolución del PP y PSOE, pero también la del PNV, referente al 'respeto y cumplimiento del Estatuto de autonomía para el País Vasco'.

Dicha resolución, rechazada en la Cámara, instaba al Gobierno central al desarrollo completo del Estatuto vasco 'del modo más inminente posible' y adaptación al 'proceso paccionado de cumplimiento íntegro y leal con los fundamentos constitucionales de respeto a los derechos históricos que como tal le corresponden al pueblo vasco en virud de su historia'.

Un portavoz de IU argumentó su apoyo a esta resolución por su 'compromiso con el PNV en el Gobierno vasco'.