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El 'talibán americano' se declara culpable tras alcanzar un acuerdo con Washington

El Gobierno de EE UU evita un proceso que podía sacar a la luz la actuación de la CIA

John Walker Lindh, el talibán estadounidense, capturado durante la campaña en Afganistán, cumplirá 20 años de cárcel por dos delitos de cooperación con el enemigo. Las dos partes salen ganando: Lindh no será juzgado por terrorismo (que podría haberle llevado al patíbulo) y el Gobierno de EE UU evita un proceso abierto en el que habría tenido que exponer informaciones sobre los métodos del Pentágono y de la CIA. El fiscal general, John Ashcroft, que prometió 'la mayor dureza judicial' contra el joven, se mostró ayer conforme con este acuerdo discreto.

Según los analistas judiciales, el acuerdo está en línea con el secretismo que promueve el Gobierno en los procesos contra personas vinculadas al régimen talibán. Muchos de los detenidos en Guantánamo y en otras instalaciones fuera de EE UU serán juzgados ante tribunales militares si alguna vez son acusados formalmente de algo; dado que el caso del talibán estadounidense discurría por la justicia civil, el Gobierno necesitaba un acuerdo extrajudicial para evitar un proceso que podía llegar a desvelar métodos e informaciones incómodas.

Walker Lindh fue capturado durante la operación en Afganistán junto a un grupo de talibanes. Resultó herido de bala en una pierna durante la revuelta en la prisión de Mazar-i-Sharif en la que murió un agente de la CIA. Después de muchas consultas legales, el Gobierno decidió tramitar su caso ante un tribunal federal y descartar las acusaciones de traición. Se le acusaba de apoyo a organizaciones terroristas, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y colaboración con el régimen talibán.

Vestido con un uniforme de presidiario, en pie ante un tribunal federal situado en una calle cercana al Pentágono, Lindh se declaró 'culpable' de dos delitos: ayudar a los talibanes y llevar explosivos. 'Proporcioné mis servicios como soldado a los talibanes el año pasado entre agosto y diciembre. Llevaba encima un rifle y dos granadas. Era consciente de que lo que hacía era ilegal', declaró en el acuerdo leído ante el juez. Respondió 'Sí, señoría', cuando el magistrado T. S. Ellis le preguntó si era consciente de que el acuerdo con la fiscalía implicaba que renunciaba a su derecho a un juicio.

Los dos delitos que Walker reconoce conllevan una pena máxima de 10 años cada uno, que deberá cumplir de manera consecutiva. En el pacto, el acusado acepta no pedir una reducción de la condena cuando el juez dicte la sentencia final el 4 de octubre.El fiscal del Gobierno, Paul McNulty, explicó que cuando Walker salga de la cárcel 'será considerado un combatiente enemigo si vuelve a tener alguna relación con el terrorismo', lo cual es una afirmación desconcertante: ni nadie ha aclarado qué es judicialmente un 'combatiente enemigo' ni el acuerdo establece que Walker haya cometido un acto de terrorismo por su pasado junto a los talibanes.

Su abogado insistió en que Walker hizo lo que hizo 'por razones religiosas, como musulmán'. Varios familiares hablaron en el exterior del tribunal y destacaron que el acuerdo descarta todas las acusaciones de terrorismo y reconoce que Walker 'no es un Rambo' porque ni siquiera llegó a disparar. El fiscal, aparentemente ajeno a los términos del acuerdo que él mismo había firmado, aseguró que ese pacto 'es una victoria importante en la batalla contra el terrorismo'.

Al engorro de tener que juzgar a un joven cuya vinculación con los talibanes parecía fruto de un despiste vital más que de un sentimiento fundamentalista, el Gobierno se enfrentaba a otra inconveniencia: las acusaciones se cimentaban en las declaraciones de Walker a los agentes del FBI que le interrogaron tras su detención en noviembre. Aquellos interrogatorios distaban mucho de ajustarse a las leyes que protegen los derechos básicos de cualquier individuo. El juicio podía haber acabado con la desestimación de todas las acusaciones por haber estado basadas en declaraciones obtenidas con medios ilegales.

El fiscal general, John Ashcroft, dispuesto en su día a 'no descartar' la pena de muerte como objetivo fiscal, aplaudió ayer el acuerdo por el que pasará en la cárcel 'casi tanto tiempo como lleva vivo'. Walker tiene 21 años. El presidente, George W. Bush, aprobó personalmente el acuerdo la semana pasada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de julio de 2002