Los achaques de la nación

José María Aznar aborda su penúltimo debate sobre el estado de la nación en plena resaca de la mayor remodelación de su Gobierno -cambió ocho ministerios y destituyó a seis ministros hace sólo seis días-, y en el fragor de una crisis con Marruecos que se inició el 27 de octubre de 2001 y que el pasado jueves, con la ocupación de la isla Pejeril por gendarmes marroquíes. El examen de la gestión de Aznar se detendrá, en primer lugar, en el dramático escenario de confrontación creciente con el Ejecutivo vasco del PNV, que lidera Juan José Ibarretxe, enconado tras la firme toma de decisión de promover la Ley de Partidos Políticos para conseguir la ilegalización de Batasuna; en sus maltrechas relaciones con los sindicatos, rotas tras la promulgación del decretazo sobre el desempleo; en los problemas de la inmigración, con continuas denuncias de organismos internacionales y nacionales de vulneración de la Ley de Extranjería; y recalará por parte de la oposición en la denuncia de los escándalos financieros que, en algún caso, han salpicado a significados miembros del Gobierno.

El PSOE se volcará en denunciar el fracaso de la política de inmigración y seguridad

Las diferencias claras en política exterior no se enzarzarán en la nueva crisis con Marruecos

Los socialistas y toda la oposición reclaman recomponer un buen clima con los sindicatos

Lo que sigue es un análisis de los principales aspectos que serán tratados durante dos días en el Congreso de los Diputados.

El comienzo del curso 2001-2002 coincidió con el fin del proceso extraordinario de regularización por arraigo. Hoy, once meses después de la admisión de la última solicitud, todavía quedan expedientes por resolver. Los 214.000 extranjeros que han obtenido su permiso de trabajo y residencia gracias a él han tenido que competir con los temporeros que, desde enero, han sido contratados en origen gracias al contingente. Pero este instrumento tampoco ha dado los resultados esperados. Por el momento, los empresarios se han negado a contratar a los casi 10.000 extranjeros que, según las previsiones del Gobierno, tendrían que haber llegado a España con contrato indefinido. Mientras, el flujo de extranjeros provenientes de África no ha disminuido, simplemente ha cambiado rumbo. El Estrecho ha dejado de ser el principal punto de entrada dejando el puesto a Lanzarote y Fuerteventura, cuyos centros de internamiento han sido denunciados por el Defensor del Pueblo y ONG como Amnistía Internacional por las deficientes condiciones en las que se encontraban sus internos.

La secretaria de Políticas Sociales del PSOE, Consuelo Rumí, considera que el tema de la inmigración no ha sido prioritario para el Gobierno, ya que su política migratoria 'sencillamente no ha existido'. Rumí destaca el retraso con que se tramitó el proceso del arraigo, y criticó 'la improvisación y la falta de publicidad y de recursos' con que se realizó. La diputada considera 'gravísimo' que el Gobierno no regularice desde enero a ningún inmigrante por el llamado régimen general, que permitía a los extranjeros obtener sus papeles si acreditaban que trabajaban en España. Otro de los 'fracasos' remarcados por el PSOE es el del contingente, que según Rumí necesita ser reformado 'para dotarlo de una mayor flexibilidad y agilidad'. Para ello, según la diputada, 'se debe tener en cuenta la opinión de comunidades autónomas, sindicatos y empresarios', ya que algunos sectores como la hostelería y la agricultura necesitan más trabajadores. Para Rumí, los extranjeros 'no ven en ese instrumento una posibilidad palpable de venir a España de forma legal'.

Rumí recuerda que la inmigración ilegal 'se ha incrementado', y que los derechos que la ley garantiza a estas personas 'se vulneran como demuestran las denuncias de la ONU, el Defensor del Pueblo y diversas ONG' sobre las condiciones de la terminal de Fuerteventura, el tratamiento judicial y la asistencia letrada a los inmigrantes.

Rumí critica que el Gobierno no dé ninguna solución a aquellos expulsados que no pueden ser devueltos a sus países 'porque el Gobierno no firma acuerdos con ellos'. La diputada se refirió al tema de la integración, y aseguró que el principal instrumento creado para lograrla, el Plan Greco, 'no se haya dotado presupuestariamente'. El PP no atendió la llamada de este periódico para dar su versión.

'El crecimiento de la delincuencia ha sido el mayor de los últimos 15 años pero el Gobierno aún no ha dado una explicación satisfactoria del porqué de esa subida', asegura Victorino Mayoral, portavoz socialista de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, para quien la estrategia del Ejecutivo de cargar gran parte de la culpa sobre la inmigración 'es peligroso para la convivencia'. Mayoral le desea éxito al nuevo ministro de Interior, Ángel Acebes, para poder afrontar la 'nefasta' herencia que le deja Mariano Rajoy. Una herencia que resume así: 'Además de dispararse la delincuencia, deja la plantilla de la policía y la Guardia Civil por los suelos y no ha cumplido su promesa de subirles el sueldo. Han crecido de forma espectacular las empresas de seguridad privada, ha mantenido el enfrentamiento con los sindicatos policiales y la represión en las calles es cada vez mayor'.

Las relaciones del Gobierno central del PP con el Ejecutivo vasco del PNV han ido a peor en los doce últimos meses. ETA, mientras tanto, no ha dejado de atentar y acosar a las víctimas que no comulgan con el nacionalismo. En los últimos días, el Gobierno tripartito que preside Juan José Ibarretxe ha dado un paso adelante al aprobar en el Parlamento vasco una propuesta que abre la vía soberanista y da un ultimátum a la Administración central respecto al traspaso de 37 competencias pendientes.

El PSOE no tiene intención alguna de polemizar con el Gobierno sobre la lucha antiterrorista y, respecto, a la política en el País Vasco prefiere dejar el máximo protagonismo al PSE. 'El Pacto por las Libertades propuesto por nosotros ha tenido algunos altibajos pero ha funcionado razonablemente bien', señala Alfredo Pérez Rubalcaba, representante socialista en la Comisión del Pacto e interlocutor habitual del Gobierno en esta materia.

La preocupación por la situación de los concejales socialistas en el País Vasco constituye un asunto de la máxima prioridad para el PSOE, por lo que los avances en su seguridad tras los acuerdos con el Gobierno y el PP les compensa de otros sinsabores, que no denuncian, de la marcha del Pacto y de la política en el País Vasco. 'Hemos sacado por decisión propia del debate político la controversia sobre el terrorismo y así va a seguir siendo', sentencia Rubalcaba.

El presidente Aznar se detendrá hoy mucho en su discurso matinal y en sus réplicas vespertinas en comentar el momento del problema vasco. El secretario general del PP, Javier Arenas, nuevo ministro de Administraciones Públicas, lo ratificó ayer en Málaga, donde acudió a un homenaje al concejal asesinado José María Martín Carpena. Arenas corroboró que la mayoría de los ciudadanos vascos, según el Gobierno y el PP, no están por la independencia sino 'por el desarrollo del autogobierno' y presumió de que éste, en Euskadi, es el mayor alcanzado en ningún Estado federal y el que 'muchos nacionalistas no soñaron jamás que iban a tener'. Arenas recalcó que el Ejecutivo de Ibarretxe se excuda en pedir ahora unas competencias que hace mucho tiempo que podía tener si las hubiera negociado como Cataluña o Galicia para subrayar una 'estrategia de ruptura' del orden constitucional y de las reglas de juego. Aznar realzará las virtudes de la Ley de Partidos Políticos, con la que se pretende ilegalizar a Batasuna antes de las próximas elecciones municipales con el consenso del PSOE y la intervención conjunta de las Cortes, el Gobierno y el Ministero Fiscal.

La reforma del desempleo, conocida como decretazo y desencadenante de la primera huelga general que los sindicatos han hecho contra el Gobierno de José María Aznar en sus seis años de mandato, centrará las críticas de todos los grupos de la oposición, sin la excepción de CiU o Coalición Canaria, socios habituales del Gobierno.

El PSOE ha dedicado buena parte de sus energías políticas de las últimas semanas a combatir esa reforma y así continuará en el debate de la nación.

Una de las resoluciones que el PSOE presentará exige al presidente del Gobierno, tras la 'enorme protesta social del 20 de junio', según la secretaria general del Gupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, que 'recupere las bases del diálogo social y establezca una agenda precisa' de contactos en esa línea.

Fernández de la Vega adelanta que en la resolución se establece una fecha: el 31 de julio. Antes de ese día el Gobierno debe llamar a los sindicatos y a la CEOE para empezar la tarea. Las propuestas del PSOE pasan por, en primer término, la eliminación del 'decretazo' y, después, una 'reformulación' de la política laboral que sería muy diferente a la de 'quitar derechos a los trabajadores'. El PSOE estima que hay que hacer cambios para poner fin a la alta tasa de temporalidad y la excesiva rotación de contratos de trabajo. También sobre la siniestrabilidad laboral y también se impone la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Aznar hará hoy durante su discurso del debate de la nación una oferta genérica para recuperar la paz social en España, rota tras la huelga del 20-J. El presidente del Gobierno pretende implicar a los demás partidos en ese escenario de diálogo. Pero Aznar no está dispuesto a ceder mucho para conseguir recuperar el clima de entendimiento con los sindicatos que presidió su primera legislatura en el poder. Javier Arenas, entonces ministro de Trabajo y ahora de Administraciones Públicas, corroboró ayer que Aznar aprovechará el debate para enunciar una serie de propuestas reformistas que persiguen llenar de contenido la fase final de su presidencia. Muchas de esas iniciativas serán precisamente económicas, porque el gran objetivo sigue siendo acercarse a la meta del pleno empleo y continuar creciendo por encima de la media europea. Por esa razón, Aznar no retirará la tramitación ya en marcha en el Congreso como proyecto de ley del decretazo laboral. Instará al PSOE, los demás partidos y los sindicatos a plantear sus sugerencias y alternativas en esa fase.

Pese a que, a impulsos de la presidencia europea, la política exterior española se ha movido por todos los grandes ejes del planeta el último semestre, el curso diplomático que concluye sigue caracterizado por dos temas típicamente internos: Gibraltar y Marruecos. El primero, de imagen positiva, ha ido cediendo terreno a medida que los aspectos negativos del segundo han acaparado la atención pública, que ahora, con la ocupación marroquí del islote Perejil, llega al paroxismo.

El resurgimiento de las negociaciones sobre Gibraltar data exactamente de hace un año; se consolida con fuerza en septiembre, cuando España y el Reino Unido anuncian su voluntad común de llegar a un acuerdo antes del fin del verano; culmina hacia marzo, cuando los obstáculos parecen superados y se prevé que haya firma en junio, y declina a partir de esa fecha porque Londres cuestiona la validez del compromiso si lo rechazan los gibraltareños. Ahora las conversaciones parecen bloqueadas y el calendario perdido. Pero hay perspectivas de que todo vuelva a arrancar en septiembre. La oposición ha tendido a apoyar siempre al Gobierno en este sentido.

La última evolución anual de las relaciones con Marruecos ha seguido, en cambio, una línea constante descendente. En el cruce de acusaciones y el tono rígido que ha caracterizado este conflicto diplomático, el PSOE se ha distanciado, además, del Gobierno y su estilo displicente hacia la diplomacia paralela de Zapatero. Sólo el interés supremo de la integridad territorial explica que éste no sea un punto de choque en el debate.