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El Gobierno de Ibarretxe abre en la Cámara vasca la vía soberanista

PP y PSE acusan al Gobierno vasco de 'solemnizar' con Batasuna el Pacto de Lizarra

Juan José Ibarretxe se pertrechó ayer del respaldo del Parlamento vasco para iniciar en septiembre la articulación de un nuevo proyecto de ordenamiento jurídico para el País Vasco. El pleno de la Cámara aprobó, gracias a la abstención de Batasuna, y con la oposición de PP y PSE, el dictamen que da por finiquitado el consenso estatutario de 1979 y abre la puerta a la reforma del marco jurídico, si en dos meses el Gobierno central no ofrece un calendario para el traspaso de todas las competencias que reclama el tripartito. El PSE anunció a Ibarretxe que les tendrá enfrente y el PP le advirtió de que comete un 'histórico error'.

El lehendakari no intervino en todo el debate, lo que le valió el reproche del portavoz popular, Jaime Mayor, por mantenerse 'mudo' en la cuestión de mayor trascendencia para el País Vasco. Tampoco después quiso efectuar ninguna valoración. Ajuria Enea anunció, por contra, la publicación el domingo de una encuesta sobre la valoración del autogobierno. Mayor le acusó de callar porque quiere 'dar bajonazo a las conclusiones del dictamen'.

El pleno de ayer tiene un resultado final diferido al mes de septiembre, cuando cumpla el plazo de dos meses dado al Gobierno central y se celebre el debate de política general. En él dará Ibarretxe las pistas de cómo piensa aplicar el mandato parlamentario obtenido ayer. Entretanto, fue el portavoz del PNV, Joseba Egibar, el encargado de reivindicar, al año de la toma de posesión de Ibarretxe, que los dos cimientos de su mandato -'la pacificación y el autogobierno'- están 'en marcha'. Egibar señaló que lo aprobado ayer no es un únicamente 'una idea o una voluntad: es una decisión', y agregó que sólo se puede negar la autodeterminación si se niega la existencia del pueblo vasco. Aunque reclamó el cumplimiento íntegro del Estatuto, lo dio por amortizado al apuntar que el problema no está en el 'cuánto falta' de Estatuto, sino 'en el daño causado a su fundamento', es decir, a su naturaleza de pacto.

Tanto el PP como el PSE acusaron a los nacionalistas e IU, así como al lehendakari, de estar llevando al Parlamento el Pacto de 'Lizarra bis' (Patxi López) y de estar 'solemnizando' en la Cámara aquel acuerdo. Ambos grupos anunciaron al tripartito que les tendrán enfrente y le acusaron de obviar el principal problema vasco, el de la falta de libertad por la acción terrorista, y de haber incumplido la promesa de no utilizar los votos de Batasuna. 'Hay dictamen por Batasuna, lo mismo que hubo presupuestos por Batasuna', dijo Mayor. Ambos partidos recordaron que ayer se cumplía el quinto aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y Mayor consideró que se perpetraba un 'insulto' a su memonia, y a la de las víctimas de ETA en general, por la aprobación de un dictamen gracias a la ayuda de Batasuna. Mayor insitió en que no hablaba en nombre del Gobierno de España, sino de una parte de la sociedad vasca a la que representa, pero anunció que su grupo pedirá al Ejecutivo que si las instituciones vascas desbordan la legalidad 'aplique la ley'.

El secretario general del PSE, Patxi López, acusó a los nacionalistas y 'a los nacionalistas de IU' de haber emprendido 'un viaje histórico a ninguna parte', que incluye la 'ruptura unilateral del pacto estatutario', con 'un talante impositivo'. López reprochó a Ibarretxe no haber siquiera iniciado 'conversaciones' en busca de un mínimo entendimiento y, 'siendo conscientes de la gravedad de sus propuestas', de esperar hasta 'el último día y el último minuto para presentarlas'. El líder socialista declaró a Batasuna 'la gran vencedora' del pleno, porque la propuesta aprobada 'contiene todos sus planteamientos' y ni siquiera habla del terrorismo de ETA. Las palabras del lehendakari en su investidura 'se las ha llevado el viento', dijo López, al tiempo que le achacó haber negociado con el Gobierno central 'mal, con maximalismo y torpeza'. Al Ejecutivo del PP le acusó de practicar una 'regresión autonómica' en toda España y haber gestionado mal las relaciones con el Gobierno vasco. Pero añadió que eso no habilita a los nacionalistas 'para saltarse a la torera las reglas del juego' y llevar al País Vasco a un enfrentamiento con el Estado que 'tendrán que explicarnos adónde conduce'. 'Lo que ustedes quieren no es defender el autogobierno democrático, sino caminar hacia la autodeterminación y la independencia', concluyó.

El representante de IU, Antton Karrera, defendió como solución el 'federalismo de libre adhesión', mientras el coordinador general, Gaspar Llamazares, se distanciaba de lo aprobado, diciendo que es sólo 'un recurso retórico' sin posibilidades de aplicación.

Arnaldo Otegi subrayó que el tiempo ha dado la razón a su formación, desde siempre enfrentada a la vía estatutaria. 'Estamos en la misma discusión de hace 23 años. ¿Por qué? Porque la autonomía ha fracasado', sentenció. El portavoz de Batasuna apostó por 'un Estatuto de soberanía' y parafraseó a Egibar, para acordar con él que 'se ha acabado la farsa'. 'Pero la farsa autonomista', apostilló. El portavoz de EA, Gorka Knörr, aseguró que nada se hará si no es 'en ausencia de violencia'.

El sindicato nacionalista ELA mostró su satisfacción por el dictamen, en línea con sus tesis, mientras Román Knörr, presidente de la patronal vasca, afirmó que lo aprobado ayer preocupa 'extraordinariamente' a los empresarios, y supeditó una valoración más precisa a conocer 'las consecuencias prácticas' de la resolución.

El guión de Ibarretxe se rellena

La resolución aprobada ayer por el Parlamento vasco se parece como dos gotas de agua al guión que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, dejó sentado en el pleno monográfico de autogobierno, del que salió, también gracias a la abstención de Batasuna, la Comisión Especial de Autogobierno. El tripartito -PNV, EA e IU- se ha limitado a rellenar aquel guión, avanzando además un paso: si entonces Ibarretxe pedía un gran pacto de Estado, ahora anuncia para septiembre el inicio de la articulación de un nuevo 'proyecto o proyectos' de ordenamiento jurídico, partiendo de un proceso 'abierto' y 'con la máxima participación de los agentes políticos, económicos, sindicales, sociales y culturales'. Para ello, inmediatamente antes declara que la reforma del marco jurídico es 'un derecho' de la sociedad vasca en la búsqueda de su 'normalización democrática'. El resto son las 'Siete Bases' que ya propuso Ibarretxe el 25 de octubre y que sonaron ya entonces a Batasuna lo suficientemente bien como para dar luz verde a la Comisión Especial con su abstención. En ellas se reconocía, como ahora hace la resolución, que los siete territorios de Euskal Herria (tres de la Comunidad vasca, Navarra y tres del País Vasco francés) constituyen un 'sujeto político' y deciden sobre las relaciones que entablan entre ellos. También se fija el derecho de ese sujeto a la libre autodeterminación y a ser consultado para decidir su estatus político, así como el de tener presencia directa en Europa. Por último,se recoge la decisión de arbitrar un régimen de garantías frente al Estado, para que éste no pueda restringir el nivel de autogobierno. La resolución, como ya apuntó también entonces Ibarretxe, contempla como instrumentos para dar el salto a un nuevo estatus, el propio Estatuto de Gernika, la resolución del Parlamento Vasco de febrero de 1990 proclamando el derecho de autodeterminación y el 'ordenamiento constitucional'. La alusión a éste se refiere a las disposiciones derogatoria y adicional primera de la Constitución, que restablecen la realidad 'histórido-jurídico-política' anterior a la abolición de los fueros y amparan los Derechos Históricos. Por último, se apela a la disposición adicional del Estatuto de Gernika, que determina que su aceptación no supone renuncia a otros derechos. El primer reto, en septiembre: cuando Ibarretxe desvele qué iniciativas normativas, 'o de otra naturaleza', impulsa para hacerse con las competencias que reclama y el Ejecutivo central le niega.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de julio de 2002

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