La policía de Buenos Aires, salpicada por los escándalos

El comisario mayor Julio César Frutos, jefe departamental de la policía de la provincia de Buenos Aires (la Bonaerense) en la localidad de Quilmes, está de baja por enfermedad. Ésta es la versión oficial. Pero no la más creíble. Las sospechas apuntan a una represalia contra este jefe policial, que el pasado 30 de junio envió una carta abierta al presidente de Argentina, Eduardo Duhalde. Bajo el título 'Quien quiera oír que oiga...', Frutos alude a la acción criminal de un grupo de policías que dispararon a manifestantes indefensos en la jornada de protesta del pasado 26 de junio convocada por los piqueteros (asociaciones de desocupados en Buenos Aires), que concluyó con dos muertos y un centenar de heridos.

'Meter bala a los delincuentes', sentenciaba Duhalde cuando era gobernador

'Me imagino su estupor al ver esas imágenes', escribe el comisario, 'su confusión y enojo al ver a uno o más inocentes muertos a manos de una policía que lo ha fastidiado hasta las comisuras, sobre todo en una jornada de protesta en la cual usted había decidido unilateralmente terminar con la permisiva costumbre de tolerar cuanto corte y protesta piquetera quisiera realizarse'.

La sangrienta represión del 26 de junio ha provocado la dimisión / destitución de la cúpula policial y de los responsables políticos de la provincia de Buenos Aires. De nuevo, el cuerpo de seguridad más poderoso de Argentina ha sido puesto en la picota. En su misiva, el comisario Frutos se dirige al hoy presidente que gobernó la provincia de Buenos Aires en estos términos: 'En primer lugar, permítame recordarle con todo respeto que para poner en 'caja a la policía bonaerense' no se debiera repetir nunca el episodio de mayor concentración de poder que se tenga conocimiento en la fuerza, como durante la jefatura de Pedro Klodczyk, en el que los oficiales de menor rango debimos escuchar de nuestro gobernador que éramos la mejor policía del mundo, dejándonos descaradamente sin posibilidad alguna de crecer a partir de la autocrítica y el replanteo'.

Pedro Anastasio Klodczyk fue jefe de la policía de la provincia durante el Gobierno de Duhalde y se retiró de la fuerza en septiembre de 1996 tras ser objeto de graves acusaciones y dejando como herencia una imagen siniestra del cuerpo. El entonces gobernador inició en 1997 una purga que significó la expulsión de un millar de altos oficiales de una fuerza de 45.000 policías.

La provincia más rica del país inició un declive hasta llegar a la situación actual: el mayor índice de desempleo de Argentina, enormes bolsones de pobreza y un incremento alarmante de la delincuencia. Durante la gobernación de Duhalde la policía provincial se ganó a pulso el mote de 'maldita policía', gracias a sus hazañas delictivas, entre las que destaca el secuestro y asesinato del periodista José Luis Cabezas, en enero de 1997, en la ciudad de Pinamar. Ocho personas fueron condenadas, entre ellas tres policías y cuatro integrantes de una banda de delincuentes que solían colaborar con la policía. En la época que Klodczyk fue el jefe, se produjo el atentado a la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), que causó 86 muertos y por el que fueron detenidos 14 policías, entre ellos el comisario Juan José Ribelli. No se probó ningún cargo contra Klodczyk, que jamás fue procesado. Duhalde lo había calificado como el mejor jefe que tuvo el cuerpo.

La violencia policial en la provincia de Buenos Aires es un capítulo aparte. El informe anual sobre derechos humanos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acaba de salir a la luz, señala que durante el año 2001, 261 civiles y 78 agentes murieron en hechos de violencia registrados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en los que participaron integrantes de las policías federal y de la provincia de Buenos Aires. Más del 25% de los civiles tenían menos de 18 años, y otro 22%, entre 18 y 21 años. De los policías muertos, menos de una cuarta parte estaba de servicio.

La jefatura de la Bonaerense es un puesto que fulmina a sus ocupantes con suma facilidad. Desde que el actual ministro de Exteriores, Carlos Ruckauf, llegó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires en diciembre de 1999, cinco uniformados ocuparon el cargo: Ramón Orestes Verón, Eduardo Martínez, José María Gallina, Amadeo d'Angelo y Ricardo de Gastaldi. Los malos tratos, el abuso de poder y la corrupción son las acusaciones más frecuentes que han enfrentado los distintos jefes que la tenido la primera policía provincial de Argentina.

El caballo de batalla de la campaña electoral de Ruckauf fue 'la mano dura' contra la delincuencia y en distintas ocasiones se cubrió de gloria con frases tan rotundas como poco afortunadas. Todo el mundo recuerda cuando el ex gobernador sentenciaba que había que 'meter bala a los delincuentes'. Con semejante declaración de principios no podía sorprender que Ruckauf designara como ministro de Seguridad de la provincia al coronel Aldo Rico, que formó parte del movimiento carapintada, que se rebeló contra el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín en 1987 y 1988. Duró poco. En mayo de 2000 fue destituido, Orestes Verón ocupó su puesto y Eduardo Martínez fue nombrado jefe de la policía provincial, que será recordado por la frase: 'Hay que fusilar por la espalda' a los policías corruptos o torturadores.

Los escándalos en los que está involucrada la policía bonaerense se cuentan por docenas. El comisario Amadeo d'Angelo abandonó la jefatura en abril pasado al descubrirse su implicación en un red político-policial que cobraba sobornos a prostíbulos en la zona norte del Gran Buenos Aires. Dieciocho jefes policiales y varios funcionarios políticos fueron investigados en el caso. La red recibía unos 18.000 pesos mensuales para que sus locales pudieran trabajar sin ser molestados. D'Angelo llegó a la dirección policial de la mano de Ruckauf. Le sucedió en el puesto Ricardo de Gastaldi, quien estuvo al frente de dependencias conflictivas como la Departamental de Mar del Plata, en los tiempos en que el fantasmagórico loco de la ruta asesinó a varias mujeres. Finalmente, la justicia descubrió que la mano homicida procedía de una red de narcotraficantes y proxenetas. El fiscal Fabián Fernández Gallardo denunció que uno de los mayores obstáculos que entorpecían la investigación era la propia policía al mando de De Gastaldi.

'Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, algunas con fisonomía de juez a formarme causas por mi atrevimiento, algunas con cara de funcionarios a reprocharme reglamentariamente mi osadía, algunas con caras de amigo a reclamarme mi falta de prudencia, pero ninguna vendrá con cara de conciencia a decirme que miento', escribe el comisario Frutos en la parte final de su carta abierta al presidente Duhalde.