El Gobierno advierte a Ibarretxe de que no tolerará que asuma competencias por su cuenta

El Gobierno advirtió ayer, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, de que 'no va a tolerar que se incumpla la ley bajo ningún concepto y que una comunidad autónoma, de forma unilateral, se arrogue competencias no transferidas'. Se trata de la primera respuesta oficial ante la propuesta de autogobierno que el Ejecutivo que preside Juan José Ibarretxe pretende aprobar el viernes en el Parlamento vasco. Dicha propuesta incluye un emplazamiento a plazo fijo para que el Gobierno central traspase las competencias pendientes, con la amenaza de asumirlas unilateralmente si no hay acuerdo.

La coalición que integra el Gobierno vasco (PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida) presentará hoy su propuesta sobre el futuro autogobierno del País Vasco. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, planteó inicialmente esa propuesta como un punto de encuentro entre todas las fuerzas políticas, pero ha terminado convirtiéndose en una reafirmación de los postulados nacionalistas.

Por lo que ha trascendido de la iniciativa, ésta recoge el 'derecho del pueblo vasco a decidir' su propio futuro, y la eventual celebración de una consulta, aunque en términos eufemísticos y sin fecha predeterminada, junto a la idea de que el Estatuto de Gernika ha dejado de ser un instrumento válido, de lo que responsabiliza al Gobierno central por haber roto el pacto estatutario.

Pese a ello, la mayor novedad de la propuesta radica en el emplazamiento que hace al Gobierno central para que traspase las competencias pendientes, con la advertencia de que el Ejecutivo vasco las asumirá de forma unilateral si no se alcanza un acuerdo a plazo fijo. Juristas como Javier Caño, ex consejero de la Presidencia del Gobierno vasco, sostienen que las competencias ya pertenecen al ejecutivo autonómico porque están incluidas en el estatuto, que tiene rango de ley orgánica, y las negociaciones con el Gobierno central sólo se refieren al traspaso de los recursos necesarios para poder ejercerlas.

Según esta interpretación, para la plena asunción de dichas competencias bastaría con que la Cámara de Vitoria aprobase los correspondientes proyectos legislativos y el Ejecutivo vasco suministrase los medios materiales.

El Parlamento vasco ya pidió, con el apoyo de todos los grupos, las 37 transferencias pendientes en 1993 y 1995, lo que demuestra, a juicio de los nacionalistas, la falta de voluntad del Gobierno central para traspasarlas.

El Ministerio de Administraciones Públicas advirtió ayer de que el Gobierno central 'no va a tolerar que se incumpla la ley bajo ningún concepto y que una comunidad autónoma, de forma unilateral, se arrogue competencias no transferidas por el sistema reglado, que es el que fijan la Constitución y el Estatuto'.

En términos más contundentes, el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, calificó ayer de 'chantaje y ultimátum' la propuesta de Ibarretxe. 'El tripartito ha optado por la quiebra del Estatuto', agregó. 'Estamos ante la actuación ilegítima y por vía de hecho de quienes quieren imponer, desde el poder y aliados con los amigos de los terroristas, lo que la sociedad vasca no ha votado nunca en las urnas'.

Los tres partidos que gobiernan en el País Vasco plantearán hoy su propuesta a las restantes fuerzas políticas en el seno de la ponencia sobre autogobierno. Mañana, el informe se votará en la comisión especial creada hace nueve meses en el Parlamento vasco y, aunque aún no se ha convocado formalmente, está previsto que el pleno de la Cámara de Vitoria lo apruebe el viernes.

No obstante, para que prospere su propuesta, Ibarretxe necesita la abstención del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) o de Batasuna. El tripartito sólo cuenta con 36 escaños, frente a los 39 que suma la oposición. De otro modo, no logrará que salga adelante el dictamen y la comisión de autogobierno, uno de los ejes de su gestión en esta legislatura, se saldará con un fracaso.

Todas las miradas están pendientes de Batasuna, cuya abstención en octubre permitió que se constituyera dicha comisión. Dicho partido anunció el jueves que presentará su propia propuesta de dictamen, abierta a la negociación. El apoyo que el tripartito ha dado a Batasuna ante su próxima ilegalización, tanto por la vía de la Ley de Partidos como por la asfixia económica decretada por el juez Garzón, y su necesidad de contar en el futuro con el apoyo de los demás grupos nacionalistas facilitan el apoyo de los radicales a Ibarretxe, a pesar de que éste se niega oficialmente a negociar con ellos.

Por su parte, los socialistas vascos no ven resquicio para el acuerdo. En su opinión, Ibarretxe no lo busca, como no lo buscó en octubre. Hasta ayer, no había realizado ningún gesto de aproximación hacia ellos y había hecho caso omiso de su petición de que este asunto quede aparacado hasta después del verano.