PSE y PP dicen que Ibarretxe se dispone a traspasar la legalidad constitucional

El Gobierno vasco se afanó ayer en intentar quitar hierro al contenido rupturista del dictamen parlamentario que se aprobará el viernes en pleno, así como en negar que se esté colocando al margen de la legalidad y que haya existido negociación alguna con Batasuna para lograr la abstencion necesaria para sacarlo adelante.

El debate en comisión trazó, también ayer, las líneas maestras que seguirá mañana la discusión plenaria. En ella, y mientras los diputados de Batasuna se declaraban 'contentos', el PSE reprochó al PNV su 'traición' hacia los socialistas, que lucharon 'de la mano' con el nacionalismo para 'arrebatar el Estatuto de Gernika al franquismo'.

Socialistas y populares coincidieron en valorar que se está dando una reedición del Pacto de Lizarra. 'Y esta vez sin siquiera exigir una tregua de ETA', denunció el portavoz socialista, Jesus Eguiguren. El Gobierno vasco se dispone a 'cruzar el Rubicón de la legalidad constitucional y estatutaria', advirtió el popular Fernando Maura.

Ambas afirmaciones fueron consideradas por el portavoz del Gobierno, Josu Jon Imaz, como indicios de que ambos partidos 'vuelven a su discurso de antes del 13-M'. Imaz aseguró estar en condiciones de afirmar que nadie ha negociado con Batasuna, contra la convicción en ese sentido que tienen el PSE y el PP y las afirmaciones de los propios radicales. Éstos aseguraron que su abstención no es 'gratuita' y que se da después de que sus planteamientos 'mínimos' hayan sido recogidos en el dictamen 'tras los contactos de los últimos días'.

Final de etapa

Muchas de las frases que se oyeron en el debate tuvieron el tono de un final de etapa. 'Entiendo que estén tristes: se ha acabado el tiempo de la farsa', dijo el portavoz peneuvista, Joseba Egibar. 'Coincido por una vez con sus palabras: llevaban ustedes muchos años agazapados', le respondió el popular Fernando Maura. 'Ha llegado el momento de acabar con las palabras vacías y actuar de otra forma', proclamó el portavoz de EA, Gorka Knörr. 'Pasos audaces', reclamó para dentro de dos meses (el plazo que se da al Gobierno para ofrecer un calendario de transferencias) el de Batasuna, Antton Morcillo. 'Nos abstenemos para ver si el 12 de septiembre se desenchufa la máquina o no', aclaró.

Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco quiso quitar hierro a la intención de ejercer competencias no transferidas. 'Llevamos años haciéndolo', dijo. Y citó como ejemplos la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación continua, la internacionalización de empresas, el tratamiento del Sida en las prisiones y hasta los ascensores. 'Eso no es ilegal; lo ilegal es que Aznar nos haga pagar dos veces a los vascos' por no transferir los recursos correspondientes. Imaz ironizó con las acusaciones de ilegalidad efectuadas por quienes 'incumplen la ley desde hace 23 años', en alusión al tiempo de vigencia del Estatuto.

Por su parte, Fernando Savater, miembro de la plataforma antiterrorista ¡Basta Ya!, dijo ayer en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de El Escorial, que si en un momento determinado el Gobierno vasco se volviese contra la fuente de legitimidad que tiene, que es el Estado de derecho español, perdería toda autoridad y los ciudadanos no tendrían ninguna obligación de reconocerles ni de obedecerles, informa Marta Aguirregomezcorta. 'Si llegara ese caso, los ciudadanos y muchos movimientos sociales en el País Vasco practicaríamos la activa desobediencia social y reclamaríamos del Gobierno central que por la vía legal que fuese, pero sin concesiones, cumpliera la legalidad vigente en el País Vasco', añadió.