Reportaje:

Por las competencias hacia la soberanía

Ibarretxe apunta con su plan de ayudas a la familia la estrategia para asumir en septiembre competencias no transferidas

En su último Consejo de Gobierno, el martes pasado, el Ejecutivo autonómico vasco, que preside Juan José Ibarretxe, dio, con dos decretos aprobados ese día, la pista de cómo aplicará a partir de septiembre su decisión de ejercer las competencias que le parezca oportuno, estén o no transferidas por la Administración central. Los dos decretos arbitran ayudas a las familias, 'para las que en teoría no tenemos competencias', se resalta.

El plan, en el que el Gobierno vasco gastará 96 millones de euros y que este año beneficiará ya a 14.500 familias, incluso con efectos retroactivos, y a 38.000 hasta 2005, permite desde esta semana cobrar cantidades de entre 1.200 y 5.400 euros por los segundos hijos y sucesivos, minusvalías de éstos, partos y adopciones múltiples.

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También las excedencias y reducciones de jornada de madres y padres tendrán ayudas personales de hasta 3.000 euros, y subvenciones al 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas en los contratos de sustitución que realicen.

Será de ese modo. Con decretos, o proyectos de ley, y con iniciativas poco conflictivas internamente. 'Empezaremos por lo más fácil', señala un alto dirigente de uno de los partidos del Gobierno tripartito, que reconoce lo impracticable de implicar a las empresas en la puesta en marcha de una Seguridad Social propia o entrar en competencias de puertos y aeropuertos. Mejor que mejor si esas iniciativas son de garantizada buena acogida ciudadana y, por tanto, de difícil recurso o contestación. Más fácil aún si llevan incorporadas ayudas económicas y abordan de modo pionero necesidades que la Administración central no puede o no quiere atender.

Así es como el Gobierno vasco intentará saltar por encima del bloqueo estatutario y convencer de que su decisión no es provocación, enfrentamiento o desestabilización, ni tiene sólo raíces de reivindicación política soberanista, sino que busca más bienestar para ellos.

Los más virulentos detractores dicen en privado que lo que busca Ibarretxe es 'comprar' con dinero la indiferencia o el silencio de los ciudadanos no nacionalistas ante su deriva soberanista. Pero la popularidad de medidas como las adoptadas el pasado martes hace muy difícil el combate o el recurso contra ellas. En Ajuria Enea se recuerda además que otros organismos gestionan competencias de empleo o formación sin transferir y que fueron puestas en marcha por consejeros socialistas de los gobiernos del lehendakari José Antonio Ardanza. También se citan las ayudas a la innovación, a la adaptación a la sociedad de la información y a la investigación, pendientes de tranferir. De ningún modo se deja ver si el Gobierno tiene la intención de 'cobrarse', por ejemplo descontando de las liquidaciones del cupo, todo lo que ponga en marcha sin tener transferidos los medios materiales ni los recursos para ello.

En todos las Consejerías se guarda un hermetismo total, impuesto por Ajuria Enea. 'Todo eso, a lehendakaritza [presidencia del Gobierno vasco]', se disculpan varias de las fuentes gubernamentales consultadas sobre los planes concretos. 'Es pronto. Lo decidirá Ibarretxe en septiembre', aseguran otras fuentes. 'Los consejeros están trabajando ya en la planificación, con los informes de transferencias en la mano', contradice un alto dirigente de uno de los tres partidos del Gobierno. 'Las cosas tienen sus tiempos y ahora no toca explicar eso', se excusa por último el responsable de comunicación de Ajuria Enea.

'No es saltarse la ley'

Un colaborador inmediato del consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga (EA), se atreve a apuntar que ha habido ya reuniones de la vicelehendakari con consejeros para planificar el día después del plazo dado al Gobierno central. En otros departamentos, por el contrario, aseguran no tener noticia de ninguna reunión de ese tipo. Un portavoz de Idoia Zenarruzabeitia no quiere confirmar o desmentir ese extremo y se limita a decir que 'la vicelehendakari trabaja todos los días con todos los consejeros en muchas cosas'.

Las interpretaciones más malévolas de este 'cerrojazo' informativo apuntan en otro sentido: 'Simplemente, es que no tienen ni idea de qué van a hacer ni cómo'.

En esta línea se sitúa el secretario general de los socialistas alaveses y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Rojo. 'El Gobierno vasco está matando moscas a cañonazos. Se ha metido en un lío, y en noventa días nos va a decir cómo sale... O nos lo dirá Otegi', ironizaba ayer en una entrevista al diario nacionalista Deia. Rojo aventura que en septiembre 'no pasará nada'. 'El acuerdo [del Parlamento vasco] es inviable'.

Por el contrario, en el Gobierno vasco se asegura que el 'peinado' de cuestiones paradas por el bloqueo transferencial, pero practicables, está hecho, sólo que no se desea hablar ahora de ello.

Sólo un destacado colaborador de un consejero vasco se atreve a vaticinar cómo será el proceso: 'No habrá fórmulas de ruptura ni tampoco una avalancha de treinta decretos a la vez. Será paulatino y se hará a través de proyectos de ley o decretos, y pueden no ser competencias completas, sino partes concretas de ellas'. Todo ello basado en el criterio de que 'las competencias, todas, son ya del Gobierno vasco, porque el Estatuto es una Ley Orgánica. Ejercerlas es cumplir la ley, no saltársela'.

Por su parte, el Gobierno central está estudiando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional el dictámen sobre autogobierno aprobado en el Parlamento vasco el pasado día 7, con los votos de PNV, EA e IU, por estimar que invade competencias de Navarra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0021, 21 de julio de 2002.

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