Chantaje a la Corte

Los autores de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio que se cometan a partir del 1 de julio podrán ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), constituida ayer en La Haya con carácter permanente bajo jurisdicción de Naciones Unidas. Es un hito que pocos creían poder ver realizado con tanta celeridad cuando cuatro años atrás se rubricó en Roma ese tratado, firmado por 139 países y ratificado por 76 (los últimos, Australia y Honduras). La histórica fecha se ha visto empañada por las presiones de EE UU para obtener la inmunidad de sus ciudadanos y soldados frente a esta nueva jurisdicción.

Al vetar en el Consejo de Seguridad la renovación del mandato de la ONU para la operación policial y civil en Bosnia (aunque no la militar, que previsiblemente seguirá bajo mando de la OTAN) y exigir una solución para mañana, Estados Unidos ha puesto en entredicho la seguridad de esa región. Pese a que la CPI ofrece una protección especial a los integrantes de operaciones de paz, EE UU amenaza con no volver a participar en ellas. La Administración de Bush, apoyada por una mayoría en el Congreso, defiende unos intereses y una presencia militar de alcance global, pero no quiere trabas operativas. Sostiene, además, que la CPI no podrá funcionar sin o contra EE UU, aunque trata de blindarse especialmente con una legislación unilateral contra este tribunal.

El sistema contiene salvaguardias y plenas garantías procesales. No juzgará a los criminales que sean procesados en el país del delito o de origen. El Consejo de Seguridad, además, puede impulsar cualquier caso, o reclamar cualquier otro para estudiarlo, lo que da una voz especial a EE UU, pero no derecho de veto ante una jurisdicción que pretende ser independiente.

China, India y la mayor parte del mundo árabe no han suscrito el estatuto; Rusia e Israel lo han firmado, pero no ratificado, y EE UU retiró su firma. La CPI, que aspira a ser universal, ha de encontrar un modus vivendi temporal con los países que no son parte del mismo, aunque sin vender su alma en la búsqueda de esa solución 'razonable y aceptable para todos' que propugna Francia. En Afganistán, la fuerza internacional firmó un acuerdo con el Gobierno provisional por el que ninguno de sus soldados se verá sometido a un tribunal internacional. Aunque se pueden encontrar formulaciones ad hoc, la pretensión de carácter general de EE UU tiene una difícil salida jurídica.

La CPI abrió ayer una oficina provisional en La Haya, que en un año habrá de estar plenamente operativa. Si los países firmantes ceden al chantaje de Washington, la nueva Corte perdería credibilidad y potencial de desarrollo. La UE tiene una 'posición común' que obliga a sus Estados a defenderla y promoverla, como ayer volvió a hacerlo. Este tribunal supone una esperanza en un mundo lleno se signos inquietantes. No hay que dejar que EE UU la apague.