Los juicios a los extranjeros detenidos tras el 11-S en EE UU serán a puerta cerrada

La primera vez que el Tribunal Supremo de EE UU se ha pronunciado en un caso relacionado con el debate sobre el recorte de derechos civiles tras 11 de septiembre, los jueces se inclinaron del lado del Gobierno y aceptaron que los juicios a presuntos terroristas -acusados, en realidad, de delitos de inmigración- se celebren a puerta cerrada. A la espera de una decisión final, el alto tribunal otorga una victoria al Departamento de Justicia del ultraconservador John Ashcroft y prohíbe la presencia de público o de periodistas en los juicios.

El Supremo, en su última decisión antes de cerrar el periodo de sesiones de esta temporada, declaró en suspenso un dictamen anterior de un juez de Nueva Jersey que se enfrentó a la tesis del Gobierno y ordenó que los juicios fueran públicos.

Los jueces del más alto tribunal de EE UU permiten de manera cautelar que se mantenga el carácter secreto del juicio hasta que el tribunal federal de apelaciones (situado en Filadelfia) vea el caso, posiblemente al final del verano. Si el Departamento de Justicia pierde en esa corte, sabe ya que los jueces del Supremo se inclinan a darle la razón en la última instancia judicial del país.

El caso tiene relevancia por cuanto supone el primer pronunciamiento de los jueces del Supremo en uno de los múltiples debates legales que cuestionan las decisiones sobre libertades civiles que el Gobierno de EE UU ha tomado amparado en el contexto del 11-S.

Después de los atentados de Nueva York y Washington, las fuerzas de seguridad llegaron a detener a 700 extranjeros por posibles vínculos lejanos con actividades terroristas. En realidad, las detenciones se realizaban por delitos de inmigración, lo que ha permitido al Gobierno mantener encarcelados a algunos de ellos.

Muchos de los detenidos fueron expulsados o deportados si su situación era irregular y su relación con el terrorismo era nula. La última cifra de detenidos que ofreció el Departamento de Justicia -en mayo- hablaba de 100 personas todavía en dependencias penitenciarias; nadie actualiza regularmente esa cifra ni ofrece acusaciones concretas contra los detenidos.

El Gobierno quería desde el principio amparar los juicios civiles contra estos individuos al mismo secretismo en el que se celebrarán -quizá- los juicios militares contra los presos de Guantánamo. Sin embargo, un juez de Nueva Jersey estableció que las puertas sólo podían cerrarse a público y periodistas después de analizar cada caso por separado y si realmente había algún temor de que en las sesiones surgieran informaciones que pudieran afectar a la seguridad nacional.

Bush llevó el caso ante el Supremo para pedir una suspensión hasta que se tramite el recurso ante el tribunal de apelaciones, que se había negado a dictar esa suspensión antes de revisar el caso. El abogado del Gobierno ante el Supremo, Theodore Olson, escribió en las alegaciones que 'si esos procesos se abren al público durante esta crítica fase de amenaza urgente a la seguridad nacional, las organizaciones terroristas tendrán acceso directo a la información sobre las investigaciones que el Gobierno tiene en marcha'. La demanda contra el Gobierno viene firmada por una asociación de defensa de derechos civiles, una publicación de contenido legal y una editorial.