La juez pregunta a Núñez si sus empresas defraudaron 6 millones

La magistrada de Barcelona Elisabet Castelló, que investiga la supuesta trama de corrupción en la Agencia Tributaria de Cataluña, preguntó el pasado martes al constructor Josep Lluís Núñez Clemente si el supuesto trato de favor recibido por los inspectores de Hacienda 'le beneficia en cifras que pueden alcanzar y rebasar los 1.000 millones de pesetas' (seis millones de euros). La pregunta de la juez se produjo durante la declaración de Núñez del pasado martes, en que fue interrogado durante cinco horas como imputado. 'No es cierto', respondió Núñez a la pregunta de la juez, y a renglón seguido añadió que su grupo 'ha tenido 60 inspectores'.

La cifra empleada por la juez supone la primera aproximación a unos hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona desde hace más de dos años y medio y en los que las empresas del grupo Núñez y Navarro no son más que un apartado de la supuesta trama que afectó a la inspección de Hacienda en Cataluña entre los años 1980 y 1990. La tesis de la fiscalía es que el trato de favor a Núñez fue materializado por los inspectores Manuel Abella y Roger Bergua, ambos imputados también en la causa. El primero tiene dictada una fianza de responsabilidad civil de cuatro millones de euros.

En su declaración, Núñez negó que conociera a estos inspectores de Hacienda y dijo que su grupo había sido revisado por 60 funcionarios que 'siguieron los mismos criterios' que Bergua y Abella. En otro momento de su declaración aseguró que una auditoría interna descubrió 'una fuga en las facturaciones' en las empresas de su grupo, así como 'presupuestos adulterados'. Eso le llevó en 1987 a incorporar al consejo de la sociedad Seteinsa a sus hijos Josep Lluís -también imputado en la causa- y Josep Maria. Núñez declaró asimismo que los consejeros del grupo jamás tuvieron acciones de la sociedad y que, al margen de su sueldo, se les entregaba un piso en condiciones especiales para su compra.