Portazo

Durante los días previos a la fecha de la convocatoria de huelga general el Gobierno de Aznar, con todo lo que le acompaña, ha venido trasmitiendo a la sociedad que el ejercicio de este derecho fundamental carecía de justificación. También del peligro de ejercer este derecho. Hasta tal punto ha sido así que los ministros, en pleno y en suelto, han venido negando que el Real Decreto (RD) suprima los salarios de tramitación, el acceso al subsidio agrario..., y todo un etcétera, cuando no hay más que leer el RD, para saber que las supresiones de derechos sociales y laborales eran las realidades que justificaban la convocatoria de huelga..

Llegó el día y el Gobierno de Aznar, con su corresponsal Teófila para Andalucía, han seguido en sus trece. Niegan la evidencia. Ahora toca alterar, cambiar y mentir sobre el seguimiento y el número de manifestantes, cuando cualquier persona que haya paseado por Sevilla pudo comprobar que el seguimiento fue total. Claro que también puede ser que la Delegación del Gobierno no comprendiera que lo que tenía que contar eran ciudadanos y no policías, perros y caballos. De ahí que sitúe la cifra en 9.300 criaturas.

Sea lo que sea, lo que es seguro es que un comportamiento de esta naturaleza no cambia de un día para otro. Este comportamiento hace pensar que se siguen ignorando derechos fundamentales. Ahora toca el de información, que es uno los derechos de la sociedad como tal y de cada uno de sus miembros, que les permiten conocer los asuntos que afectan a la vida colectiva. Un conocimiento del que depende la participación en el sistema democrático, pues es imprescindible para el ejercicio de derechos y libertades. Esta voluntad, y este empecinamiento en seguir mintiendo, hace inútil el llamamiento de sindicatos y Junta al Gobierno para que cambie las formas y se negocie sobre un RD que hace mucho daño a los trabajadores en general y un poquito más a los del campo andaluz.

No hay mano tendida. Sí un portazo sin justificación, y contestado. Tal vez, a la vista de lo que exige la sociedad y mientras se pierde la esperanza en los cambios, el Gobierno andaluz, en el marco de sus competencias, esté obligado a dictar algunas medidas que corrijan algunos de los efectos que va a provocar el decretazo en Andalucía.