Las protestas obligan a Toledo a suspender su viaje a EE UU

Las violentas protestas en el sur de Perú a causa de la decisión del Gobierno de privatizar dos empresas eléctricas han causado dos muertos y obligado al presidente Alejandro Toledo a cancelar un viaje al exterior, mientras que una comisión del Ejecutivo negocia en Arequipa una solución pacífica al conflicto.

Los médicos han desahuciado al estudiante universitario Fernando Talavera Soto, de 30 años, quien sufrió una grave herida en la cabeza al ser alcanzado por una granada de gas disparada por la policía ayer en la plaza mayor de Arequipa. La primera víctima, el también estudiante de 30 años Edgar Pinto, murió el pasado domingo a causa de una lesión similar. La violencia ha provocado además centenares de heridos y unas pérdidas de unos 100 millones de dólares a causa de los saqueos a edificios públicos y privados.

Las protestas se extendieron el pasado martes a las ciudades de Cuzco, donde unas 10.000 personas marcharon por las calles, y en Tacna, donde hubo violentos disturbios y una huelga general. La gravedad de la situación obligó al presidente peruano, Alejandro Toledo, a cancelar el viaje que iba a realizar esta semana a Estados Unidos y Nicaragua. La Secretaría de Prensa del Palacio de Gobierno informó de que el jefe de Estado 'ha decidido cancelar sus viajes de trabajo a Nicaragua y Estados Unidos en solidaridad con los pueblos de Arequipa y Tacna ante los lamentables actos de violencia y de alteración del orden público registrados en esas ciudades'.

Diálogo estancado

Mientras, una comisión de alto nivel del ejecutivo negocia desde el martes en Arequipa, con los líderes de la protesta, una solución al conflicto. En principio se informó de que el diálogo era fluido y amistoso, pero se estancó cuando las partes plantearon sus discrepancias sobre la privatización de las empresas regionales de electricidad Egasa y Egesur, decisión en la que también están en desacuerdo las autoridades locales de la región.

La comisión negociadora del Gobierno está presidida por el obispo Fernando Vargas, el ex Defensor del Pueblo Jorge Santistevan de Noriega, y el sacerdote Gastón Garatea, integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana. También por el ministro de Industria y vicepresidente primero, Raúl Diez-Canseco; el canciller, Diego García-Sayán; el ministro de Educación, Nicolás Lynch, y el de Salud, Fernando Carbone; el viceministro de la Presidencia, Jorge Villacorta, y el Defensor del Pueblo, Walter Albán.