Manifestantes de Arequipa atacan a los mediadores del presidente peruano

La crisis que vive el sur de Perú debido a la ola de protestas contra la privatización de empresas públicas ha entrado en una fase crítica. Grupos de manifestantes apedrearon ayer el autobús que transportaba a Arequipa a la comisión de alto nivel enviada por el presidente Alejandro Toledo para poner fin al conflicto, que dura ya cinco días y amenaza con extenderse a otras importantes ciudades del país.

La comisión, presidida por el obispo de Arequipa, Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, e integrada por el vicepresidente Raúl Díez Canseco, el ex Defensor del Pueblo Jorge Santistevan de Noriega y otros altos funcionarios del Gobierno, tendrá que lidiar no sólo con la violencia callejera, sino también con una férrea oposición encabezada por el alcalde de Arequipa, el independiente Juan Manuel Guillén.

El alcalde ha anunciado que está dispuesto a dialogar siempre y cuando el Gobierno peruano cumpla tres condiciones básicas: suspender la privatización de las empresas eléctricas Egasa y Edelsur, levantar el estado de emergencia y pedir perdón al pueblo de Arequipa, que, según Guillén, ha sido vejado en su honor por las duras expresiones vertidas en días pasados por el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, que acusó de 'violentistas' a los opositores a la privatización de dichas empresas públicas.

Desde Arequipa, las protestas se han extendido a la ciudad fronteriza de Tacna, donde se registraron ataques contra oficinas públicas y comercios, a Cuzco y Juliaca, todas ciudades sureñas donde el presidente Toledo obtuvo en 2001 los votos que lo catapultaron a la jefatura del Estado.