Las sanciones contra terceros países, la propuesta más discutida

Los problemas derivados de la inmigración, especialmente la ilegal, no son un tema puntual para la cumbre de Sevilla, sino que figurará ya como asunto 'prioritario' para los próximos años en la agenda de los líderes europeos. Así lo explicaron ayer fuentes de la presidencia española y del Consejo de la UE. El presidente de la Comisión, Romano Prodi, insistió en que de Sevilla debe salir un pacto para lograr una política común sobre la inmigración. Pero a la vez es el capítulo en el que existen mayores discrepancias ante la propuesta española de castigar a los países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal.

La discusión será sin duda impulsada con fuerza por la próxima presidencia danesa, cuyo Gobierno ya ha puesto sobre la mesa proyectos legales muy duros contra la inmigración ilegal en Dinamarca.

La crisis en la que ha entrado la actual fase de negociaciones de la ampliación y la reforma del Consejo serán los otros puntos clave de la reunión de los líderes europeos del viernes y sábado, pero el de la inmigración acaparará el mayor interés. De hecho, será el primero que analicen los máximos dirigentes de los Quince en la primera reunión de trabajo del viernes.

España ha puesto sobre la mesa un Plan Global contra la inmigración ilegal que incluye decenas de objetivos que van desde un mayor control de las fronteras exteriores hasta el lanzamiento de un proyecto para unificar criterios de concesión de visados, así como la inclusión de la política migratoria en la Política Exterior y de Seguridad Común. Pero el punto más polémico es el documento en el que se relacionan las condiciones que deben ser impuestas a los países exportadores de inmigrantes a la hora de firmar acuerdos de cooperación con la UE.

La polémica reside en los puntos 11 y 13, en los que se indica que, en caso de incumplimientos, la UE podrá 'revisar' los créditos que haya concedido y 'suspender' los acuerdos de cooperación. Francia y Suecia, y en menor medida Luxemburgo, Finlandia y Portugal, quieren suavizar o eliminar esas amenazas. 'Los países ricos no pueden amenazar a los pobres', ha repetido el ministro francés de Exteriores, Dominique de Villepin.

Para el ministro español de Exteriores, Josep Piqué, es sólo un problema 'semántico' . En Bruselas, Piqué hizo el siguiente razonamiento: 'No debemos mezclar las cosas ni hacer demagogia ni simplismos, que suelen ser el caldo de cultivo de la aparición de fuerzas políticas que las utilizan. Debemos ser muy serios. Si alguien en el mundo se toma en serio la ayuda al desarrollo es la UE. Y a veces parece que nosotros mismos nos empeñamos en demostrar lo contrario. Lo que no podemos hacer es, sobre la base de las desigualdades que existen en el mundo desde que el mundo es mundo y que todos tenemos la obligación de reducir, es que no tengamos que combatir los incumplimientos y la corrupción. Si alguien cree que porque un país es pobre debe aceptar comportamientos inadecuados, incumplimientos o actividad corrupta, que me lo diga'.