Fabra ignora la privatización de las resonancias de Sanidad y convoca un concurso propio

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha decidido ignorar la adjudicación que realizó la Consejería de Sanidad a la empresa Eresa para prestar el servicio de resonancia magnética en la provincia para los pacientes del sistema de salud valenciano. Fabra ha convocado un concurso para arrendar, con opción a compra, uno de estos equipos de diagnóstico al considerar que la adjudicación de la Generalitat no afecta al hospital Provincial, cuya titularidad corresponde a la Diputación. Eresa ha recurrido el concurso, presupuestado en 2,5 millones de euros.

Eresa es la adjudicataria para la prestación del diagnóstico por resonancia magnética para los pacientes de la red pública valenciana en Castellón y Valencia. Así lo decidió Sanidad al optar por instalar equipos privados en los principales hospitales públicos a través de un concurso en lugar de comprar las resonancias. Frente a esta situación, la Diputación de Castellón es titular de uno de los pocos hospitales públicos que se mantienen al margen del Servei Valencià de Salut, pese a que, según la Ley General de Sanidad, está adscrito funcionalmente al mismo. Así, no sólo atiende a centenares de pacientes al año del sistema público, sino que, tras los convenios firmados con la Administración autonómica, ha sido ésta la que está costeando la remodelación del hospital Provincial.

Sin embargo, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, no considera que la adjudicación de Sanidad afecte al hospital Provincial, con lo que ha convocado un concurso para el arrendamiento, con opción a compra, de un equipo que se convertiría en el tercero de titularidad pública de la Comunidad. El concurso ha sido recurrido por Eresa, que alega el cumplimiento de los requisitos del concurso. Asimismo, indica que 'los pacientes a explorar serían los mismos que ya han sido objeto de concurso público del que Eresa es adjudicataria, poniendo en riesgo la viabilidad del servicio futuro' y advierte de que, de seguir adelante con el concurso, éste supondría 'el cese en los derechos que se le concedieron [a Eresa] (...) lo que determina daños y perjuicios que habrán de ser indemnizados por la Diputación y la Administración'.

El informe del administrador del hospital Provincial responde a las alegaciones señalando la no pertenencia de este centro a la red de Sanidad. Además, señala que los pacientes 'no son únicamente los remitidos por Sanidad, sino que es un centro que cuenta con unas tarifas, al que acceden particulares, pacientes de compañías aseguradoras, mutuas de accidentes de trabajo y personal de la Diputación y de sus otros organismos autónomos'.

La decisión de Fabra no está claramente respaldada ni por los servicios de Intervención ni de Secretaría. Los primeros manifestaron sus reservas debido a que el coste de la adjudicación es de más de 2,5 millones de euros (unos 420 millones de pesetas). El informe de Secretaría deja la resolución del recurso al 'señor presidente de la Diputación provincial Don Carlos Fabra'.