Una campaña con dos finales

Ya son muy pocas las fresas que quedan en la mata. Además, no valen mucho, no tienen la calidad suficiente para consumirse como fruta, están destinadas a acabar untadas en tostadas o bocadillos de niños golosos. Las fresas no tan buenas abren la puerta a los jornales no tan ortodoxos.

Ahmed tiene 42 años, una esposa y dos hijos adolescentes en Casablanca y un permiso de residencia caducado en la cartera. Lucha contra el calor agitando un trozo de cartón, sentado en la entrada de la choza de plástico en un descampado al borde de la carretera en Moguer. Ahmed no está contento pero ha conseguido arañar unos cuantos euros recolectando esas fresas no tan buenas que ya no pueden coger los trabajadores polacos o rumanos con estrictos contratos en origen que fijan su llegada y su salida de España.

La tormentosa campaña en el terreno laboral del pasado año motivó que ésta no haya hueco para los inmigrantes sin contrato y muchísimo menos sin permiso de residencia en los campos freseros de Huelva. Siguen llegando y esperando encontrar trabajo.

En el mismo barrio de chabolas de Moguer (hay varios, como en casi todas las localidades freseras de la provincia), malviven decenas de hombres marroquíes. Ninguno tiene documentos que les permitan ni tan siquiera residir en España. Cuentan como han llegado en patera, en barco haciéndose pasar por turistas... Abdelaziz, que dice tener 19 años y llevar uno y medio en España, cuenta que llegó escondido en los bajos de un autobús. Todos se quejan de las exigencias de los empresarios freseros, que el pasado año aprendieron a golpe de multa a no contratar a las personas denominadas como ilegales. Pero están ahí.

Son la parte más marginada y maltratada del fenómeno de la inmigración. Aún no se han encontrado remedios políticos occidentales a los deseos de un joven como Abdelaziz o de un hombre maduro como Ahmed de vivir en un lugar más prospero que en el que nacieron, aunque sea con el riesgo de intentarlo de manera clandestina.

Lo máximo que han encontrado en España es un poco de tolerancia mezclada con interés. Así, dicen que la Policía Local ya les ha avisado a los habitantes de este campamento de chabolas que tienen que irse del pueblo cuando acabe la semana. No es que ahora carezcan de documentación y que la semana pasada la tuvieran, simplemente es que ya no quedan fresas que recolectar.

Este grupo de personas se afana ahora en conseguir que Cruz Roja les pague el viaje hasta las zonas de recolección de manzana y pera en Cataluña. Seguirán siendo ilegales, seguirán siendo marginados y pobres en un país al que llegaron a buscar el trabajo que les debería de haber proporcionado la prosperidad.

Pero también se acaba la campaña para los trabajadores magrebíes que tienen contrato de trabajo y permiso de residencia en regla, que no llegan al millar. En la plaza de Moguer se areremolinaban ayer varios hombres de Marruecos y Argelia y conversaban airadamente con sus contratos en la mano. La temporada ha terminado en Huelva, a donde la mayoría de ellos llegaron a finales de marzo. Ahora les gustaría seguir en España e irse a trabajar a Cataluña, pero no todos los contratos de origen -vinculados por decisión del Gobierno central a una única provincia y una campaña- lo permiten.

Alí, casado en España y residente desde hace tres años, se queja de que los empresarios les proporcionen -dice- mejores domicilios a las trabajadoras polacas y promete asistir a la manifestación de Sevilla del día 20. Distintos problemas, distintas actitudes, porque entre los inmigrantes, ya hay también clases.