La Ley de Calidad deja a las comunidades la financiación de la educación infantil privada

El Gobierno ha decidido excluir de la memoria económica de la Ley de Calidad la financiación de la gratuidad de todos los centros privados de educación infantil de 3 a 6 años, una medida que introduce como obligatoria la propia ley. Del último borrador de memoria se desprende, según fuentes cercanas al Gobierno, que serán las comunidades autónomas las que tengan que financiar esa medida. Los 121 millones de euros que el Gobierno había incluido en un primer borrador han desaparecido de la memoria. Asimismo, el Gobierno seguirá destinando más dinero a los centros privados que a los públicos, ya que el texto dice que financiará los itinerarios en la ESO sólo en los centros pequeños, es decir, los que tienen una o dos clases por curso en 3º y 4º. De los centros que se financiarán alrededor del 64% son privados y el 36%, públicos.

Los cálculos del equipo de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, de hace unas semanas (plasmados en un primer borrador de la memoria económica) señalaban que serían necesarios 121 millones de euros para pagar la extensión de la gratuidad de la educación infantil en las 12 comunidades autónomas (más Ceuta y Melilla) que no han puesto en marcha esta medida. La decisión de excluir la financiación de esta medida de la memoria económica de la Ley de Calidad encaja con las recientes declaraciones del presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, Eugenio Nasarre, quien sugirió en un congreso de CC OO celebrado a finales de mayo en Sevilla que la reforma se podría financiar si las comunidades se comprometiesen a aumentar el presupuesto en torno al 4% durante cuatro años.

La nueva memoria económica de la Ley de Calidad -que ya ha sido enviada a los ministerios a los que afecta, como Administraciones Públicas, Economía y Hacienda- indica que la financiación de esta ley asciende a un total de 91 millones de euros anuales (68 millones menos que en la previsión anterior del ministerio, es decir un 43% menos). De este dinero, un total anual de 75,5 millones se destinará a pagar progresivamente del curso 2003 al 2005 la implantación de la división de los alumnos en itinerarios (en 3º y 4º de la ESO). A partir de ese momento, se tendrán que hacer cargo de este presupuesto anual las comunidades autónomas.

Otras novedades son que el nuevo texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no habla de financiar la formación de los profesores, como decía el anterior, e incorpora una financiación para clases especiales destinadas a alumnos extranjeros hasta que tengan los conocimientos suficientes para su 'incorporación a los ritmos escolares de cada centro'. Éstos son los aspectos más destacables del texto:

Itinerarios. Aproximadamente el 64% de los los 75,5 millones de euros anuales en los que sitúa el Gobierno la financiación de los itinerarios serán para centros privados concertados y el 36% en públicos, ya que la memoria señala que sólo se dará dinero para implantarlos en los centros que tengan menos de dos clases por curso. Esto se debe a que el ministerio considera que el impacto de esta medida sólo se producirá en los centros cuyo reducido número de grupos impida los nuevos agrupamientos de alumnos que se tendrán que hacer para impartir los itinerarios.

La cantidad destinada a los itinerarios en el borrador anterior era de 27,6 millones de euros. El incremento en esta cantidad hasta los 75,5 actuales se debe a que anteriormente el Gobierno sólo pretendía financiar a los centros que tuvieran una clase por curso en los dos últimos cursos de la ESO y ahora lo ha ampliado a los que tengan también dos. El Ejecutivo financiará esta reforma con 5,5 millones en el año 2003, 36 millones en 2004 y ya la cantidad que se consolida de 75,5 millones en 2005.

Clases a extranjeros. También señala que el ministerio financiará con 21,6 millones de euros en total (entre 2003 y 2005) la atención de niños extranjeros 'para que puedan adquirir los conocimientos instrumentales básicos y así facilitar su incorporación a los ritmos escolares de cada centro educativo'. El borrador especifica que 'estos programas responderían a una planificación general donde se establecería la distribución de actuaciones por comunidad autónoma durante los tres años' que financiará el Ejecutivo. Se considera que esta medida tiene un coste de 7,2 millones de euros anuales. El Gobierno aportará esta misma cantidad en 2003, 2004 y 2005.

Lengua extranjera. Para la extensión de la lengua extranjera al primer ciclo (1º y 2º) de la educación primaria se destinan en la memoria 8,2 millones de euros. Para introducir esta iniciativa, Educación debe modificar los contenidos mínimos (los que fija el Gobierno para toda España, que representan el 55% en las comunidades con lengua propia y el 65% en las que no la tienen) de la educación primaria.

La memoria señala que para impartir esa lengua 'se aprovecharía el profesorado que ya la imparte a partir del tercer curso'. Justifica además para calcular el presupuesto de esta medida que 'el mejor empleo del profesorado se ve reforzado por el hecho de que ya actualmente se ha ido produciendo la extensión de la enseñanza de la lengua extranjera en ese ciclo' por iniciativa de algunas comunidades autónomas. El Gobierno tiene previsto destinar a esta medida 45.000 euros en 2003, 2,8 millones en 2004 y 8,2 en 2005.

Grupos de refuerzo. En el último borrador de la memoria económica -mucho más escueto que el anterior: tiene ocho páginas en lugar de 15-, el ministerio ha evitado señalar cuántas horas deben impartir los profesores a los grupos especiales para los alumnos con graves dificultades educativas, que aparecen en la el texto de la ley como 'programas de refuerzo'. En la versión anterior, el ministerio señalaba que los profesores destinarían 15 horas 'de refuerzo educativo' semanales para esos grupos y daba un presupuesto para ello.

Formación del profesorado. Este capítulo aparecía en la anterior memoria como financiación del establecimiento de Programas de Formación para el profesorado y los equipos directivos. Entonces se señalaba que 'la adecuada implantación de las medidas previstas en esta ley requieren de un esfuerzo adicional en la formación del profesora'. Incluso señalaba que 'serían de aplicación en una sola anualidad'. En la última memoria no se hace mención a esta cuestión.