Los estudiantes protestan en diversas ciudades contra la Ley de Calidad

Alrededor de 10.000 estudiantes se manifestaron ayer en distintas ciudades de España contra la Ley de Calidad que ultima el Gobierno. El Sindicato de Estudiantes promovió esta convocatoria porque considera que los itinerarios educativos que plantean son 'segregadores', que se está 'privatizando' la educación 'porque se concede más dinero a los centros privados mientras que se le quita a los públicos' y porque 'va en contra de aquellos alumnos con más dificultades económicas y sociales', según explicó la presidenta de este sindicato, Miriam Municio.

Municio aseguró que el 85% de los estudiantes de secundaria habían hecho huelga ayer. El Ministerio de Educación rebajó esta cifra hasta el 30%. La asociación de estudiantes Faes también convocó a la jornada de protesta, que tuvo su seguimiento más mayoritario en Barcelona, donde se manifestaron más de 2.500 alumnos.

La Plataforma a Favor de la Enseñanza Pública, integrada por sindicatos, asociaciones de padres, partidos políticos de izquierda y organizaciones de estudiantes, apoyó la convocatoria de ayer. El coordinador de IU, Gaspar Llamazares, acompañó a los estudiantes en Madrid un buen trecho del recorrido hasta el ministerio. Lo mismo hizo el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, Augusto Serrano. Los exámenes menguaron la participación de los alumnos, según dijeron sus representantes. La portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, consideró, sin embargo, que la manifestación había sido un 'absoluto fracaso' y dio por hecho que la reforma educativa está avalada por la mayoría de la sociedad.

Por otra parte, los sindicatos CC OO y UGT criticaron ayer duramente nuevas medidas que quiere incorporar el Ministerio de Educación a la Ley de Calidad, como la recuperación del cuerpo de catedráticos y la posibilidad de que cualquier licenciado sin experiencia docente pueda acceder a él. Los sindicatos CSIF y ANPE se han opuesto a la elección de los directores por la Administración, y CSIF, a que la reducción de la jornada de los mayores de 55 años suponga una reducción de sueldo.