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Los obispos de EE UU ya han castigado este año a 218 sacerdotes por abusar de menores

La Conferencia Episcopal norteamericana estudia esta semana cómo hacer frente al escándalo

La asamblea de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos celebrará su reunión anual esta semana bajo la sombra del escándalo de pederastia, cuya dimensión pública aumentó ayer al conocerse el número de sacerdotes que han sido suspendidos en lo que va de año por abusar de menores: 218. La cifra no la ha revelado la Iglesia católica, que dice no llevar una cuenta nacional de los casos, sino el periódico The Washington Post, tras realizar un exhaustivo sondeo entre todas las archidiócesis del país. Otros medios aseguran que hay al menos 300 demandas pendientes.

Frente al estudio realizado por The Washington Post, muy detallado, otros medios de comunicación destacaban ayer esa cifra de más de 300 demandas pendientes en las que supuestas víctimas de sacerdotes solicitan indemnizaciones millonarias. Con esos elementos de partida, la Conferencia Episcopal versará este año sobre temas muy mundanos: sexo, dinero y política. Los obispos tendrán que votar una política uniforme -hasta ahora inexistente- para abordar las acusaciones de pederastia. Deberán articular también un sistema para compensar a las víctimas. Y tendrán que hacerlo bajo el escrupuloso escrutinio de la sociedad, al que históricamente no han tenido que responder.

La reunión a la que acudirán 300 obispos en Dallas arrancará a mediados de semana con el compromiso de mayor transparencia, ha declarado el presidente de la Conferencia Episcopal, Wilton D. Gregory, obispo de Belleville (Illinois). Esa promesa, sin embargo, no ha resonado igual en todas las diócesis. Sólo la mitad de las encuestadas por The Washington Post ha accedido a responder a las preguntas sobre la cantidad de sacerdotes acusados de abuso sexual desde 1960 y sobre a cuánto ascienden las indemnizaciones pagadas.

Sin estadísticas

En las últimas cuatro décadas han sido acusados al menos 866 sacerdotes, 355 de los cuales fueron separados de sus funciones antes de que el escándalo saltará en enero a las portadas de los periódicos a raíz del caso del ex sacerdote de Boston John Geoghan, que abusó de 130 menores. A esos 355 sacerdotes hay que sumarles los 218 suspendidos desde enero, 34 de los cuales permanecen en funciones administrativas sin contacto con feligreses.

De ser exacta la cifra de acusaciones, representaría un 1,5% de los 60.000 sacerdotes que han servido en distintas parroquias de EE UU desde los años sesenta. Actualmente hay 46.000 sacerdotes en activo en 176 diócesis de la Iglesia romana. El Post no ha sondeado otras 18 diócesis de la Iglesia oriental.

Los abogados de las víctimas sitúan, sin embargo, el número de sacerdotes acusados en 1.500, y el ex sacerdote Richard Sipe, convertido en una especie de delator de conciencia de la Iglesia, sostiene que son más del doble. La disparidad obedece a que la Iglesia católica no mantiene estadísticas sobre pederastas, política que la Asociación Nacional de Sobrevivientes de Abuso del Clero ha calificado de 'estrategia deliberada para blindar a la Iglesia contra acciones legales'.

Si es una estrategia, lo cierto es que ha fallado. La publicidad generada por los pederastas de Boston ha provocado una cascada de demandas en todo el país, con las que se han hecho públicos documentos de la Iglesia sobre cientos de casos. Se calcula que la factura pagada hasta el momento asciende a 1.000 millones de dólares, aunque las diócesis sondeadas por The Washington Post sólo admiten 106 millones.

Las diócesis se escudan, entre otras razones, en los acuerdos de confidencialidad sellados con las víctimas para no dar información. Un grupo de víctimas, sin embargo, quiere quitarse la mordaza y la semana pasada solicitó a un juez que anule los pactos de silencio. Uno de los obispos que ha abierto sus libros de contabilidad ha sido el propio presidente de la Conferencia Episcopal, Gregory, intentando sentar un ejemplo de transparencia. Gregory dice que las reclamaciones de abuso de menores le han costado 3,1 millones a su pequeña diócesis (105.000 parroquianos y 180 sacerdotes). La diócesis de Kentucky se lleva la palma de acusaciones: 122 demandas, la mayoría contra el sacerdote Louis Miller. Le sigue Boston, con 73. La diócesis de New Hampshire enfrenta otras 41; Rhode Island, 38, y California, 25. Decenas más están en proceso, aunque también las ha habido frívolas, y ha sido el acusador el que ha acabado en la cárcel, como le ocurrió la semana pasada a un adolescente californiano de 14 años.

La Conferencia Episcopal ha cancelado una reunión prevista para el jueves en Dallas con representantes de las víctimas aduciendo una demanda que éstos han entablado pidiendo la anulación de los pactos de confidencialidad, lo que, según los obispos, demuestra que no están dispuestos a dialogar con buena fe.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de junio de 2002