En España hay más de 3.500.000 de personas con alguna discapacidad. De ellos, 1.600.000 reciben ayuda, aunque el Estado sólo atiende al 7% de éstos, bien en ayuda a domicilio o teleasistencia por ejemplo.
El defensor del pueblo, Enrique Múgica, solicitó ayer al ministro de Justicia que se modifique el Código Civil para que las inmigrantes puedan divorciarse con las mismas facilidades que las españolas.
En carta abierta en la prensa, el cardenal arzobispo de Los Ángeles, Roger Mahony, pide tolerancia cero con los sacerdotes culpables de abuso sexual a menores y propone que se tomen las huellas digitales y se investigue el pasado de los candidatos a seminaristas.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid notificó al Comité Intercentros de la agencia Efe un auto que suspende la resolución del Ministerio de Trabajo que en 1999 autorizó el expediente de regulación de empleo para extinguir la relación laboral de 246 trabajadores, conforme cumplieran los 57 años.