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La movilidad de los jueces en los últimos años ha sido la misma durante y después de la tregua

En los 15 meses de parón de ETA se produjo el mayor número de salidas del País Vasco

El terrorismo de ETA no es el único factor que motiva la elevada movilidad de los jueces que trabajan en el País Vasco. De hecho, durante los 15 meses de tregua de ETA, entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999, se produjo el pico más alto de jueces que abandonaron Euskadi: un total de 22. Paradójicamente, la vuelta de ETA a los atentados produjo en 2000 una salida de 19 jueces. En el concurso de traslados realizado tras el asesinato, en noviembre pasado, del primer juez vasco, José María Lidón, sólo se fueron tres jueces más que en los dos concursos precedentes.

Habrá que esperar a conocer los datos que finalmente pueda arrojar el año en curso, pero lo cierto es que, pese a la conmoción que ha suscitado entre los 275 jueces y fiscales que trabajan en Euskadi el asesinato de su compañero José María Lidón, el pasado 7 de noviembre, no se ha producido la desbandada judicial que se temió. En los concurso de traslados convocados en enero de 2001 y en septiembre de ese año, fueron siete los magistrados en cada uno de los concursos que finalmente abandonaron la comunidad autónoma, según datos de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por su parte, en el primer concurso tras el asesinato del magistrado de la Audiencia de Vizcaya, el celebrado en diciembre, el número sólo creció en tres, hasta llegar a los diez jueces que lograron finalmente una plaza fuera del País Vasco. Una elevada movilidad que también se produce en Cataluña y Madrid.

Medidas económicas

No hay duda de que la rápida actuación de los responsables de Interior de los Gobiernos central y vasco, que de manera casi inmediata (el 13 de noviembre) prometieron escolta unipersonal a todos los jueces, dieron una primera respuesta a la sensación objetiva de inseguridad, aunque los jueces y fiscales han exigido recientemente, sin éxito, a Interior la doble escolta para todos.

Junto a la respuesta en materia de seguridad y al apoyo de ambos Gobiernos y del Poder Judicial, se han sucedido diversos incentivos económicos -un complemento bruto de unos 300 euros, así como créditos blandos para adquisición de vivienda o ayudas para acceder a pisos de alquiler- y otro tipo de medidas, como la flexibilización de horarios para evitar las rutinas y un régimen de permisos que permitan licencias especiales, que pueden haber servido como dique de contención para evitar una desbandada que, por el momento, los datos no muestran.

El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorrilla, ha remarcado que estas 'migraciones en modo alguno son tan escandalosas y alarmantes como puede sugerir alguien'. Frente a esta visión puramente cuantitativa, algunos jueces advierten del aspecto 'cualitativo' de los flujos de salida de jueces, por el riesgo añadido de que se produzca una especie de 'fuga de profesionales de cierta talla judicial'.

Sin embargo, la preocupación que han mostrado los máximos responsables de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior está más relacionada con el elevado número de jueces y magistrados sustitutos que arrastra la justicia vasca. Esta falta de estabilidad judicial ha permanecido en niveles muy altos tanto durante la tregua de ETA como al reanudarse las acciones terroristas.

De hecho, en los datos de la última memoria, los jueces y magistrados suplentes se han disparado de los 121 a los 137, la mitad del actual cuerpo de jueces y fiscales vascos. 'Una proporción excesiva de sustitutos suscita dudas sobre el cumplimiento de la tutela judicial efectiva', admitió el presidente del alto tribunal vasco durante el acto en que se presentó, hace un mes, la memoria judicial de 2001.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de junio de 2002