El Gobierno de Bono impedirá hacer una cementera en el límite con Madrid

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, del PSOE, aseguró ayer que el Gobierno regional, que preside José Bono, impedirá que se levante una cementera en el término municipal de Almoguera (Guadalajara), a pocos kilómetros de Madrid. Alonso señaló que la Junta 'va a exigir tantos permisos medioambientales a la empresa que la quiere construir que el proyecto será inviable'.

La empresa que pretende levantar la fábrica de cementos, Derivados Mineros, SL, carece, según añadió el consejero, 'de solvencia económica para construir una cementera'. Según Alonso, Derivados Mineros, SL, 'quiere especular con los terrenos, esto es, conseguir los terrenos y los permisos y luego revendérselos a un grupo más fuerte'. De cualquier forma, esta empresa ha ido consiguiendo, desde 1994, los permisos pertinentes, aunque aún le falta, cuanto menos, un informe de saneamiento y la licencia municipal de obras.

La alarma saltó hace un mes, cuando varios alcaldes de la zona, todos del PP, protestaron contra el proyecto de construcción. Y volvió a saltar días después, cuando se descubrió que las 74 hectáreas en las que esta empresa tenía previsto levantar la cementera habían sido adquiridas irregularmente: a pesar de pertenecer, según el catastro, a la mancomunidad de Almoguera, entidad que agrupa a varios municipios, habían sido registrados a nombre de Derivados Mineros, SL.

Esto ha originado que los alcaldes de Brea de Tajo (Madrid), Driebes y Albares (Guadalajara), todos del PP y pertenecientes a la mancomunidad, se querellaran contra Luis Padrino, alcalde de Almoguera, del PSOE, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Según estos tres alcaldes, Padrino sabía que Derivados Mineros, SL, se había adueñado de estas tierras gracias a un ardid legal y no lo impidió. La querella ya ha sido admitida a trámite.

Comisión de investigación

Por su parte, el diputado del PP en el Parlamento regional de Castilla-La Mancha Antonio López Polo solicitó el lunes la apertura de una comisión de investigación para esclarecer esta apropiación de terrenos. 'Al consejero de Agricultura, que ha manifestado que la cementera no se va a construir, le diría que 'bienvenido al club'. Nosotros en el PP ya habíamos dicho que esa instalación no era conveniente para la región', señaló el diputado, que añadió: 'Ahora bien, exigimos que se abra una comisión de investigación para que se aclare todo lo relativo a la adquisición de terrenos y al expediente de esta empresa'.

A juicio de López Polo, 'en este asunto hay zonas de sombra que por higiene democrática conviene aclarar'. 'Espero que el PSOE acepte esta comisión de investigación, ya que la claridad y la transparencia no pueden nunca venir mal a nadie', subrayó.