¿En busca de libertad o de trabajo?

Tony Blair ha declarado la guerra a la inmigración ilegal. Su gran problema son los demandantes de asilo que llegan al país por tierra, mar y aire y que han hecho calar la idea de que, más que asilo, lo que buscan es trabajo. Pero, aunque Blair apela a la mano dura para atajar el problema, los datos del Gobierno invitan a la prudencia antes que a sacar conclusiones drásticas. El año pasado hubo menos peticiones de asilo que el anterior. Y las cifras de este año, aunque señalan un ligero aumento, demuestran que los demandantes vienen sobre todo de países en los que hay conflictos políticos.

A diferencia de Francia u Holanda, el problema en el Reino Unido no es la inmigración, sino los refugiados. Los británicos, pragmáticos por excelencia, saben que necesitan inmigrantes para mantener el ritmo productivo del país y sostener su sistema de pensiones. Los empresarios quieren mano de obra extranjera para contener los salarios. Y el ciudadano medio hace ya tiempo que prefiere que la basura la recojan los de fuera. El Gobierno aprobó el año pasado un marco legal para facilitar la llegada de mano de obra cualificada para sectores de alto valor añadido. E intenta también regular la llegada de trabajadores poco cualificados, esenciales para mantener la competitividad en sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería.

El problema para el Gobierno de Tony Blair son los demandantes de asilo, descritos por los tabloides como unos parias que quieren abusar de las ayudas a los refugiados o quedarse en el país trabajando como ilegales. Sin embargo, las cifras difundidas por el Ministerio del Interior señalan que las cosas no son tan simples.

Pese a las espectaculares imágenes que periódicamente difunden todas las televisiones, mostrando a decenas de inmigrantes asaltando los trenes de mercancías en Calais para llegar ilegalmente al otro lado del túnel del canal de la Mancha, la situación en el Reino Unido no es peor que en otros países europeos. En 2000, Gran Bretaña recibió 98.900 demandas de asilo, convirtiéndose por primera vez en el país con mayor número de peticiones, por encima incluso de Alemania (78.565). Pero en 2001 el Reino Unido recibió sólo 88.300 demandas, casi las mismas que Alemania. Este año, pese a las apariencias, el aumento es modesto: en el primer trimestre se han recibido 19.520 peticiones, 730 más que 12 meses antes.

En términos relativos ni alemanes ni británicos tienen la presión que se vive en otros países. En 2001, Austria recibió 37 peticiones de asilo por cada 10.000 habitantes, una tasa muy superior a la de Bélgica, Irlanda y Suecia (27), Dinamarca (23), Holanda (20), Luxemburgo (16) y, por fin, el Reino Unido, con una media de 15 peticiones de asilo por 10.000 habitantes. En España son 2.

'La gente cree que la mayoría de reclamantes de asilo no son genuinos y que sólo vienen para tener una vida mejor', advierte Sarah Spencer, directora del departamento de Ciudadanía del IPPR, un think tank de centro izquierda. 'El debate está polarizado entre las organizaciones que ayudan a los refugiados y que dicen que es gente que nos necesita, que tenemos que tratarles mejor, y la mayoría de la opinión pública que están convencidos de que eso no es verdad y que debemos ser prudentes'.

De nuevo las cifras reclaman un poco de prudencia antes de sacar conclusiones. Casi dos tercios de los 19.520 demandantes de asilo del primer trimestre de este año proceden de países en los que hay problemas políticos, al margen de que los haya también económicos: Irak (2.840 demandantes de asilo), Afganistán (2.350), Zimbabue (1.495), Somalia (1.295), Sri Lanka (1.240), China (915), Turquía (650), Pakistán (645), Irán (600) y Yugoslavia (580).

Pero, aunque las cifras indican que la presencia de refugiados no es más densa aquí que en otros países, o sugiera que vienen más por problemas genuinos de persecución política que por razones económicas, se ha convertido en un problema para el Gobierno. Tony Blair se ha puesto duro porque los tabloides y las televisiones llevan meses machacando el asunto y han hecho calar la sensación de que los asilados son unos caraduras.

Algunas decisiones del Gobierno han ayudado poco a resolver la situación. El anterior ministro del Interior, Jack Straw, estableció un sistema de vales para comprar bienes de primera necesidad que fue un fracaso: los refugiados no hacían más que ponerse en evidencia ante la población local, que los veía como meros aprovechados.

El actual ministro, David Blunkett, quiere construir campos de refugiados en varias bases militares en desuso en la campiña inglesa, provocando la ira de los vecinos y las críticas de los expertos. Y esta semana ha anunciado la deportación inmediata de aquellos refugiados a los que se les niegue el asilo en primera instancia por considerarse su petición manifiestamente infundada. Podrán apelar la decisión, pero desde el exterior. El conflicto con Francia, país al que muchos serán deportados, es seguro.