El 'decretazo' será tramitado como proyecto de ley para "permitir el diálogo"

En medio de una dura trifulca política, Gobierno y oposición, desde perspectivas muy diferentes, llevarán al Congreso la discusión del decretazo que reforma la protección del desempleo. El Gobierno ha decidido tramitar ese decreto como proyecto de ley para ofrecer la imagen de que la oposición tiene la posibilidad de presentar y negociar enmiendas, aunque desde el Ejecutivo ya se advierte de que los cambios no serán de gran calado. El decreto se convalidará en el Congreso el 13 de junio, previsiblemente con los votos del PP y CC, la abstención de CiU y la oposición de los demás partidos.

Dos días antes, el PSOE defenderá una proposición no de ley para que se retire esa reforma. La conversión del decreto en proyecto de ley no culminará hasta después del verano, según previsiones de todos los grupos parlamentarios. El PSOE acusa al Gobierno de 'provocar' el paro general, convocado para el 20 de junio, y el Ejecutivo replica que la dirección socialista se ha erigido en 'el piquete informativo y coactivo de la huelga'.

El anuncio del Gobierno, formulado por el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, el secretario general del PP, Javier Arenas y el portavoz parlamentario, Luis de Grandes, de que el decreto-ley, una vez convalidado, se tramitará como proyecto de ley, no alivió en absoluto el malestar de la oposición. Pero es cierto que con esta fórmula, que no impide en absoluto la vigencia de la reforma a todos los efectos desde el pasado lunes, se permite a la oposición presentar enmiendas y presionar para que haya cambios.

De momento, el decreto-ley será convalidado el 13 de junio, cuando se producirá un debate en la Cámara para explicar las diferentes posiciones. A partir de esa fecha empezará a tramitarse como proyecto de ley, con la presentación de enmiendas parciales, ya en comisión. Una semana antes de la huelga, el Gobierno estará en disposición de explicar que 'está en proceso de enmiendas y, por tanto, de diálogo' con la toda la oposición, según admitieron en medios gubernamentales. El plazo de enmiendas empezará a contar desde el día 14 de junio y será sólo de siete días por aprobarse vía urgencia. Se podrán presentar enmiendas de totalidad pero no de devolución del proyecto. Si ningún grupo plantea una enmienda alternativa de totalidad el proyecto no retornará para su debate en pleno al Congreso y se resolverá en la comisión con las enmiendas parciales.

Todos esos trámites, así como el paso obligado del texto por el Senado, alargarán los plazos reglamentarios hasta avanzado el mes de julio, inhábil. El Gobierno podría forzar un pleno extraordinario ese mes, pero los portavoces consultados de todos los grupos dan por supuesto que su culminación como proyecto de ley no se producirá hasta después de verano, cuando se reanude el trabajo de las Cámaras, seguramente no antes de octubre.

El portavoz parlamentario de CiU, Xavier Trias, se congratuló ayer de que el Gobierno haya recogido en el decreto algunas de las propuestas que esa formación nacionalista les expresó en sus últimos contactos. De hecho, Trias mostró su asombro al constatar que el Gobierno aprobó la reforma en el Consejo de Ministros del pasado viernes sin comentarles nada pese a que la noche anterior mantuvieron una reunión. CiU sí ha presionado estos días ante sus interlocutores gubernamentales para forzar al menos la tramitación de ese decreto como proyecto de ley. CiU se abstendrá durante el primer debate en pleno pero podría ratificar luego el proyecto si en comisión se aceptan algunas de sus enmiendas.

El PSOE e IU defienden la retirada total de la reforma y así se puso de manifiesto en el intercambio de descalificaciones que ayer se dispensaron en el Congreso. La dureza del PSOE quedó igualada por el discurso del PP tanto por su secretario general, Javier Arenas, como del portavoz parlamentario, Luis de Grandes. Arenas arremetió contra el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. Según Arenas, tanto éste como el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, es 'imposible' que no conocieran 'previamente' la decisión de los sindicatos de convocar ese paro el día antes de la cumbre en Sevilla.

Por su parte, el presidente del Gobierno, José María Aznar, declaró en la base aérea italiana de Pratica di Mare, donde asistió a la reunión OTAN-Rusia, que la huelga general convocada para el día anterior a la cumbre europea de Sevilla tendrá unos 'unos costes políticos importantes' no sólo para quienes la organizan, sino también para quienes la alientan, entre los que citó a los dirigentes del PSOE. 'Ésa es su responsabilidad', comentó Aznar, quien aseguró que algunos ayuntamientos socialistas, que no concretó, han anunciado que habrá autobuses para trasladar a participantes en la huelga, 'lo que dice muy poco de la mesura de algunos', informa Carlos Yárnoz.