El Gobierno esgrime que el año pasado hubo 400.000 rechazos a ofertas de trabajo del Inem

El Gobierno sostiene que mejorar el funcionamiento del mercado laboral es su objetivo de la reforma del desempleo. Pretende corregir los desajustes entre ofertas de trabajo que no se cubren y la existencia de un elevado número de parados. El Ejecutivo esgrime que el año pasado se produjeron 400.000 rechazos a ofertas de empleo realizadas por el Inem a parados. Por contra, para los sindicatos son medidas 'de castigo a los parados y los despedidos' y, en respuesta a las críticas recibidas, aseguran que 'tan política es la huelga general como los numerosos pactos firmados con el presidente Aznar'.

'La reforma del desempleo intenta mejorar la conexión entre ofertas y demandas de empleo, y contribuir a la creación de más puestos de trabajo'. Esa declaración de intenciones fue esgrimida ayer por el secretario general de Empleo, Juan Chozas, en un debate en el Club Siglo XXI, para explicar unas medidas que entraron en vigor el pasado lunes mediante un decreto-ley.

Otros responsables del Ministerio de Trabajo revelaron que el año pasado se produjeron 400.000 rechazos a ofertas de empleo presentadas por el Inem a parados. Asimismo, un importante grupo empresarial ha expresado su malestar al Gobierno tras haber tenido hasta 1.000 rechazos para un puesto de trabajo. Junto a esos datos, Trabajo reconoce que al Inem llegan las ofertas de empleo más precarias y con más bajos salarios. Pero su propósito es corregir la situación mediante medidas que obligan a los parados a aceptar ofertas, pues el tercer rechazo conllevará la pérdida de la prestación.

Esa medida, junto a otras contenidas en el decretazo, son para los sindicatos 'de castigo a los parados y a los despedidos'. Así lo expresaron Dolores Liceras (CC OO) y Toni Ferrer (UGT) en un debate en el Club Siglo XXI con el secretario general de Empleo, en su primer cara a cara tras la ruptura del diálogo social.

Chozas se limitó a subrayar el objetivo de la mejora del funcionamiento del mercado laboral y no entró a analizar la acusación de las centrales de que la reforma es 'un recorte de prestaciones y un abaratamiento del despido'. Sí admitió que 'algunas medidas aisladas pueden suponer ahorro para el Inem', pero en una reforma 'equilibrada' en su conjunto porque aumenta los ingresos y los gastos.

Las críticas a los sindicatos provinieron de algunos asistentes al debate, quienes creen que es 'política' la huelga general que han convocado para el 20 de junio. A ello, Dolores Liceras respondió: 'Tan política es la huelga general como los numerosos pactos que hemos firmado con Aznar en La Moncloa'. Sobre el rechazo al 20-J de organizaciones de funcionarios, Ferrer dijo que 'si un sindicato no tiene claro que hay razones para la huelga, hay que poner en duda su independencia'.

Ayer se reunió la Comisión de Subsecretarios encargada del seguimiento de la huelga, bajo la dirección de Ana Pastor, responsable de Interior. Acordaron elaborar un informe sobre los servicios mínimos y una memoria con los antecedentes de anteriores conflictos.