El PSOE reclama al Ejecutivo que retire el decreto y explique las razones económicas de la reforma
No hay más arreglo que la retirada del decreto-ley. Al menos esto es lo que hoy piensa el PSOE, y así se desprende de la iniciativa parlamentaria que ayer presentó su portavoz parlamentario sobre empleo, Ramón Jáuregui. Dos días antes de que se convalide el decreto gubernamental, el 13 de junio, el PSOE defenderá una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a retirar el decreto-ley 5/2002, y a 'reanudar las negociaciones con los agentes sociales, y evitar con ello el deterioro de las relaciones sociolaborales, la ruptura de diálogo social y la huelga del próximo 20 de junio'. En la iniciativa se pide al Gobierno que respete el derecho a la huelga y garantice el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Se exige también al Ejecutivo que remita al Congreso una comunicación que recoja 'la memoria económica que justifica la reforma del desempleo así como la evaluación de las políticas de empleo y las hipótesis de impacto que tendrán las medidas propuestas por el Gobierno en nuestro mercado laboral'. En ese pleno, el PSOE instará al Gobierno a que solicite al Consejo Económico y Social un informe previo sobre sus propuestas en materia de desempleo y en base a dicho informe presente al Congreso una reforma global de la Ley Básica de Empleo, con el máximo consenso parlamentario.
Estas peticiones responden a la tesis del PSOE de que la reforma no tiene justificación en este momento. 'No responde a las necesidades financieras del Inem, cuya recaudación presenta superávit, y supone un recorte en los derechos de los trabajadores cuando está aumentando el número de parados', según Jáuregui.
Los dirigentes del PSOE no comprenden por qué el Gobierno aprobó el pasado viernes el decreto con la polémica reforma. Una interpretación, aunque no la única, es que el ahorro previsto con la reforma, 'unos 200.000 millones sólo en los fijos discontinuos', según miembros de la Ejecutiva, 'sufragará la próxima rebaja fiscal'. Esto, unido a un cierto 'doctrinarismo político', en expresión del líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, conduce 'a la fractura social'. Por ello, el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se quejó del 'daño terrorifico' que la reforma causará a su región y anunció que participará en la manifestación contra el decretazo del día 8 en Badajoz.
